La Dirección General de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una importante plataforma de alojamientos turísticos por mantener anuncios de viviendas sin la preceptiva licencia. Según medios como Cadena SER, se trata de Airbnb. Esta acción se produce después de que la empresa ignorara un requerimiento enviado en junio para retirar miles de anuncios irregulares de su portal.
La normativa vigente contempla estas prácticas como infracciones graves que pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros. Esta cantidad podría incluso multiplicarse hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma.
El proceso comenzó con una investigación exhaustiva del sector, solicitando información a diversas plataformas sobre las viviendas anunciadas en sus dominios. Los anuncios detectados se comercializan en diferentes comunidades autónomas, lo que según la autoridad competente podría generar «lesiones o riesgos para los intereses de consumidores» de forma generalizada.
Las prácticas investigadas podrían constituir infracciones por competencia desleal según el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al incumplir la normativa sectorial en materia de publicidad ilícita, específicamente por comercializar viviendas sin mostrar el número de licencia obligatorio.
Otras investigaciones en curso sobre irregularidades en el sector inmobiliario
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con el sector inmobiliario:
- Investigación a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas
- Control sobre agencias inmobiliarias por prácticas potencialmente abusivas, incluyendo:
- Cobro indebido de comisiones a inquilinos
- Imposición de contratos temporales sin justificación
- Inclusión de cláusulas abusivas en los contratos
Estas acciones forman parte de una estrategia integral para abordar la crisis de la vivienda en España, considerada uno de los principales problemas del país. El objetivo es garantizar un mercado inmobiliario justo y transparente, protegiendo los derechos de los consumidores y asegurando el cumplimiento de la normativa vigente por parte de todos los operadores del sector, independientemente de su tamaño o relevancia en el mercado.
