Las organizaciones sociales más importantes de España han alzado la voz para exigir al Gobierno conocer el borrador y las prioridades del Plan de Implementación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea. Un total de 20 organizaciones, incluyendo CEAR, Amnistía Internacional y Save the Children, han manifestado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso.
Tras una reunión celebrada a principios de octubre con el presidente Pedro Sánchez y la ministra Elma Saiz, donde se comprometieron a involucrar a la sociedad civil en los planes de implementación, las organizaciones denuncian que, dos meses después, aún no han recibido la propuesta ni han podido acceder al borrador que debe presentarse antes del 12 de diciembre.
Las organizaciones enfatizan la necesidad de mantener altos estándares de protección en varios aspectos fundamentales:
- Asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento
- Análisis individualizado de las solicitudes
- Garantía de atención sanitaria especializada
- Derecho a intérprete profesional
- Tramitación ordinaria para casos vulnerables
En el contexto actual, considerado especialmente delicado por las organizaciones, resulta crucial evitar medidas como la creación de centros de internamiento en terceros países, siguiendo el modelo italiano, ya que esto podría poner en riesgo el principio de no devolución y el derecho de asilo en Europa.
Especial atención a menores y grupos vulnerables
Las organizaciones hacen especial hincapié en la protección de los menores migrantes. Entre las medidas específicas que reclaman se encuentran:
- Garantizar la unidad familiar
- Respetar las presunciones de minoría para todos los niños y adolescentes
- Crear un mecanismo independiente de supervisión de derechos humanos
- Establecer un sistema estructural para emergencias
Las entidades firmantes sostienen que España tiene una oportunidad histórica para establecer medidas que garanticen la protección de las personas migrantes, especialmente menores, alejándose de políticas de externalización y control fronterizo que han demostrado ser ineficaces y contrarias a los derechos humanos.
El Plan de Implementación debe contemplar preferentemente medidas no privativas de libertad y garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por todos los Estados miembros de la UE. Las organizaciones insisten en que el pacto no puede ser algo distante de la sociedad, sino que debe integrarse completamente con el desarrollo de políticas migratorias nacionales.
