Los datos se han convertido en uno de los activos más importantes de la economía global. Su protección es una prioridad para la mayoría de las organizaciones del planeta, por eso contratar una empresa de protección de datos se ha vuelto fundamental para proteger este activo y cumplir con la normativa vigente.
La protección de datos en el mundo empresarial
La protección de datos para empresas está atravesada por una creciente complejidad de los entornos tecnológicos y la diversificación de los sistemas productivos. Estas condiciones exigen que las empresas dediquen cada vez más recursos en defenderse de los ciberataques y garantizar que se cumplen con las expectativas de seguridad y privacidad que sus unidades de negocio requieren.
Si tomamos únicamente el caso de los ataques de ransomware, estos han afectado al 85 % de las organizaciones al menos una vez en el último año. Lo alarmante es que solo el 55 % de los datos destruidos o cifrados durante estos ataques pueden recuperarse. Esto pone de manifiesto la importancia de tener estrategias robustas y proactivas para garantizar la resiliencia operativa de las organizaciones.
En este contexto, la figura del delegado proteccion de datos (DPD) se ha vuelto un pilar esencial para las empresas que operan en la Unión Europea. Este rol fue instaurado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, no solo es obligatorio para ciertas entidades, sino que también se está convirtiendo en una práctica recomendable para asegurar el cumplimiento normativo y la supervisión. Lo mismo puede decirse de los planes de igualdad, establecidos en la legislación española, para fomentar un entorno laboral más equitativo y alineado con los derechos de los trabajadores.
¿Qué desafíos enfrentan las empresas en materia de protección de datos?
Proteger los datos empresariales no se limita a la implementación de tecnologías avanzadas; requiere un enfoque integral que aborde tanto las dimensiones técnicas como organizativas. Según las estimaciones de referentes del sector, el gasto global en seguridad y gestión de riesgos alcanzará los 215 000 millones de dólares en 2024, un aumento significativo que refleja la urgencia del problema.
Sin embargo, uno de los desafíos más críticos es la falta de profesionales cualificados en ciberseguridad, una carencia que afecta al 67 % de las organizaciones. Entre las competencias más demandadas están la seguridad en computación cloud, la inteligencia artificial (IA), el machine learning y las estrategias Zero Trust.
Además de la formación de personal especializado, las empresas deben contar con un marco normativo claro. En este sentido, el RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales en España establecen un estándar elevado para el tratamiento de datos personales. Estas normativas no solo buscan proteger los derechos individuales, sino también fomentar la confianza en los procesos digitales.
Los planes de igualdad y los canales de denuncias también juegan un papel importante. Estos no solo son herramientas para garantizar la equidad y transparencia dentro de las organizaciones, sino que también ayudan a identificar y mitigar riesgos internos relacionados con el manejo indebido de datos. Su correcta implementación refuerza la cultura de la protección de datos en las empresas, alineándola con las mejores prácticas internacionales.
