La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detectado una significativa reducción en la intención de compra para el Black Friday 2023. Los datos revelan que solo el 76% de los consumidores planea aprovechar las ofertas, lo que supone una caída del 8% respecto al año anterior.
Esta disminución está directamente relacionada con la creciente desconfianza de los compradores hacia las prácticas comerciales de algunas empresas. La principal preocupación radica en la sospecha de que ciertos comercios manipulan los precios en los días previos para simular descuentos más atractivos.
Cambios en los hábitos de compra y gasto medio
El gasto medio previsto por consumidor experimenta una notable reducción, situándose en 200 euros frente a los 237 euros del año anterior. Este descenso del 15,6% refleja una mayor cautela en las decisiones de compra y un comportamiento más conservador por parte de los consumidores españoles.
En cuanto a los canales de compra, se consolida la tendencia hacia el comercio electrónico:
- 50% combinará compras online y en tienda física
- 43% realizará compras exclusivamente online
- 7% optará únicamente por tiendas físicas
Los productos más demandados para este Black Friday 2023 incluyen:
- Tecnología: smartphones y ordenadores
- Moda: calzado y textil
- Hogar: menaje y electrodomésticos
Medidas contra el fraude y respuesta institucional
La OCU ha puesto en marcha una campaña contra el fraude en las ofertas del Black Friday, estableciendo un canal directo para que los consumidores puedan denunciar prácticas irregulares. La organización está realizando un seguimiento exhaustivo de los precios para identificar posibles infracciones.
Se hace especial hincapié en la necesidad de una mayor implicación de las administraciones públicas en la protección del consumidor. Las principales demandas incluyen:
- Mayor agilidad en la tramitación de denuncias
- Respuesta efectiva a los expedientes presentados
- Supervisión activa de las prácticas comerciales
La directora de Comunicación de OCU enfatiza la importancia de que las Direcciones Generales de Consumo actúen de manera más decisiva ante las denuncias presentadas, evitando que los casos queden sin resolver y fortaleciendo así la confianza del consumidor en el sistema de protección.
