La piratería de contenido deportivo se ha convertido en un problema de gran magnitud en España, donde se registran cifras un 25% por encima de la media de la Unión Europea. Este fenómeno tiene un impacto económico devastador en el fútbol español, causando pérdidas estimadas entre 600 y 700 millones de euros. La industria futbolística, que emplea a más de 190.000 personas y aporta cerca de 8.400 millones de euros a la economía española (equivalente al 1,44% del PIB), se ve seriamente amenazada por esta práctica ilegal.
Datos preocupantes sobre el consumo de contenido pirata
Las estadísticas son alarmantes: uno de cada tres españoles consume contenido deportivo pirata, y un 59% lo hace al menos una vez al mes. El incremento de la piratería deportiva en Europa ha sido significativo, con un aumento del 36,5% entre 2021 y 2023. La situación es especialmente crítica en el caso de las IPTV ilegales, con una estimación de al menos 4,5 millones de usuarios en Europa.
En el primer semestre de 2024, se denunciaron 5,3 millones de retransmisiones pirata en directo en Europa. Un caso destacado fue la reciente operación contra los suscriptores de dispositivos IPTV que afectaba a 22 millones de usuarios y generaba 3.000 millones de euros anuales de forma ilegal.
Medidas y acciones contra el fraude audiovisual
La lucha contra la piratería deportiva está siendo liderada por diferentes organizaciones y autoridades. LaLiga ha conseguido más de mil sentencias condenatorias contra establecimientos HORECA que cometen fraude audiovisual. En la plataforma Telegram, se han cerrado más de 8.000 grupos de infractores que implicaban a más de 45 millones de usuarios.
La Guardia Civil española ha tenido éxitos notables, como el bloqueo del mayor canal de streaming pirata de España, Cristal Azul, que afectaba a 78.000 usuarios y suponía un fraude estimado en 42 millones de euros.
El problema tiene un alcance global, especialmente en Latinoamérica, donde el porcentaje de usuarios que recurren a la piratería supera hasta en un 28% los datos de España. Se estima que el fraude audiovisual podría alcanzar un coste de 10,5 billones de euros en 2025 a nivel mundial.
Las grandes plataformas tecnológicas como Google, X o Cloudflare han sido señaladas como parte del problema, al beneficiarse indirectamente de estas actividades ilegales.
