El maquillaje de los datos de desempleo ha generado una creciente controversia en el panorama laboral español. Bajo la dirección de Yolanda Díaz, el Ministerio de Trabajo ha implementado criterios que excluyen a casi dos millones de personas de las estadísticas oficiales. Este ajuste metodológico, que afecta principalmente a los fijos discontinuos y a los demandantes inactivos, reduce artificialmente los números del paro, generando un retrato distorsionado del mercado laboral en el país.
Los trabajadores con contratos fijos discontinuos, a pesar de permanecer largos periodos sin actividad laboral, no son considerados desempleados en los datos oficiales. Además, la categoría de demandantes inactivos incluye a quienes están registrados en los servicios públicos de empleo pero no buscan trabajo de manera activa, creando un vacío en el análisis real del desempleo. Estas exclusiones no solo maquillan las cifras, sino que también desdibujan la magnitud de los retos económicos y sociales que enfrenta España.
El aumento de los demandantes de empleo «no parados» refleja la falta de dinamismo en el mercado laboral. En octubre de 2024, este grupo alcanzó los 1,7 millones, un 7,3% más que el año anterior, incluyendo a más de 700.000 fijos discontinuos en inactividad. Al mismo tiempo, las cifras oficiales muestran una reducción del paro registrado, distorsionando la verdadera situación del empleo en España. Esta desconexión entre las cifras y la realidad perjudica tanto a los trabajadores como al diseño de políticas laborales efectivas.
La opacidad en la clasificación de los desempleados es una estrategia que afecta la credibilidad de los datos oficiales. Al mantener métodos estadísticos que no reflejan la realidad, el Gobierno impide abordar de forma transparente los problemas estructurales del paro. La exclusión de estas casi dos millones de personas no solo maquilla las estadísticas, sino que también perpetúa la precariedad laboral y dificulta la implementación de soluciones efectivas para millones de españoles.
Fijos discontinuos e inactivos: la clave oculta tras las cifras oficiales del paro
La categoría de fijos discontinuos ha ganado protagonismo en las estadísticas laborales, destacando su impacto en las cifras oficiales del paro. Según datos recientes, en 2023 había más de 740.000 trabajadores fijos discontinuos en situación de inactividad, lo que representa un incremento anual significativo. Aunque estas personas no trabajan de manera activa, su contrato vigente les excluye de la categoría de desempleados, alterando la interpretación de los niveles reales de paro en España.
Esta situación contribuye a una desconexión entre las cifras oficiales de desempleo y la realidad laboral. Por ejemplo, en enero de 2024, el paro registrado se situó en aproximadamente 2,7 millones de personas, mientras que el llamado paro efectivo, que incluye a los fijos discontinuos inactivos y otros demandantes no ocupados, alcanzó los 3,44 millones. Esto implica que casi 750.000 personas con contratos laborales no figuran en las estadísticas de desempleo, creando una imagen más optimista de la situación laboral de lo que reflejan los datos reales.
El uso de contratos fijos discontinuos ha generado una notable distorsión en las estadísticas oficiales de desempleo. Aunque estos trabajadores cuentan con contratos indefinidos, pasan largos periodos de inactividad sin desempeñar funciones laborales efectivas. Durante estos intervalos, no siempre se les considera desempleados, lo que genera una reducción artificial en las cifras de paro, ocultando la realidad de quienes permanecen sin trabajo pero fuera del alcance de las estadísticas tradicionales.
Por otro lado, la categoría de demandantes inactivos también juega un papel clave en el panorama laboral. Este grupo incluye a personas que, aunque registradas como demandantes de empleo, no están activamente en búsqueda de trabajo debido a diversas circunstancias, como formación o razones personales. Su inclusión limitada en los indicadores oficiales subestima el volumen real de personas sin ocupación y, en consecuencia, dificulta el desarrollo de políticas laborales más precisas y efectivas.
Esta situación plantea importantes interrogantes sobre la transparencia y utilidad de los datos oficiales del mercado laboral. Al excluir o categorizar de manera ambigua a los fijos discontinuos y demandantes inactivos, se dificulta la identificación de problemas estructurales, como la precariedad y la temporalidad, y se diluyen los esfuerzos para diseñar medidas que realmente respondan a las necesidades del mercado y de los trabajadores.
La polémica estadística: cómo se excluyen dos millones de personas del paro
El Ministerio de Trabajo clasifica a los trabajadores con contratos fijos discontinuos en periodo de inactividad como «demandantes con relación laboral», un término que los excluye del cálculo del paro registrado. Esta decisión metodológica implica que estas personas, aunque estén inscritas en el servicio de empleo y no tengan un empleo activo, no se contabilizan como parados. En consecuencia, las cifras oficiales de desempleo presentan un escenario más favorable que la realidad, dificultando una representación fiel de la situación laboral en el país.
La exclusión estadística se traduce en que casi dos millones de personas con contratos indefinidos discontinuos, que no están activamente trabajando, no se reflejan en el paro registrado. Según los datos del SEPE, estas personas deben cumplir ciertos requisitos para acceder a prestaciones, como registrarse como demandantes de empleo, pero aún así no son consideradas desempleadas. Este vacío en la contabilización desata críticas por parte de expertos y organismos como Fedea, que señalan que esta práctica oculta una parte significativa de la precariedad laboral existente.
Además, las cifras oficiales presentan discrepancias entre las diferentes fuentes. Mientras la Encuesta de Población Activa (EPA) clasifica a algunos de estos trabajadores como «inactivos» o «parados» dependiendo de su búsqueda de empleo, el SEPE y el Ministerio de Trabajo emplean definiciones más restrictivas. Esta falta de un criterio uniforme no solo genera confusión, sino que también limita la capacidad de diseñar políticas públicas eficaces para abordar la situación laboral y la protección social de los afectados.
Fijos discontinuos en el centro del debate: un incremento del 160% en cuatro años
Desde 2019, el número de trabajadores con contratos fijos discontinuos que reciben prestaciones ha experimentado un aumento drástico del 159,9%. En 2024, esta cifra se traduce en una media mensual de 149.655 beneficiarios, un crecimiento que refleja la creciente prevalencia de este tipo de contrato en España. Sin embargo, este incremento no ha sido acompañado de una mejora proporcional en la protección social de estos trabajadores. Aunque muchos de ellos se inscriben en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para solicitar la prestación por desempleo, solo un 20% de los demandantes con relación laboral logran acceder a estas ayudas.
Este desequilibrio pone de manifiesto la limitación de la cobertura social para los fijos discontinuos, un colectivo que, a pesar de tener un contrato indefinido, enfrenta una gran inestabilidad laboral. A menudo, sus periodos de inactividad no son suficientes para generar derechos suficientes a la hora de percibir una prestación por desempleo. En este sentido, la reforma laboral de 2022, que flexibilizó el uso de estos contratos, ha sido vista como una forma de maquillar la precariedad, al tiempo que las empresas pueden recurrir a estos trabajadores durante los periodos punta sin garantizar una cobertura social adecuada durante sus períodos de inactividad.
Fedea, en su último análisis, propone que las empresas sean las responsables de garantizar un nivel mínimo de ingresos para estos trabajadores durante sus periodos de inactividad, como una medida para evitar que los fijos discontinuos caigan en la pobreza laboral entre contratos. Sin este tipo de medidas, los trabajadores en esta situación continúan siendo una de las caras más invisibilizadas de la precariedad laboral en España.
