La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 10 años de prisión a un profesor de tenis por agredir sexualmente y de forma continuada a una alumna de 14 años a la que dejó embarazada.
La sentencia, que contempla la atenuante muy cualificada de reparación del daño, inhabilita al procesado para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un periodo de 20 años, y le condena a libertad vigilada para cumplimiento posterior a la privación de libertad por 10 años.
Además, el acusado no podrá acercarse a una distancia no inferior a 500 metros de la víctima por un periodo de 10 años superior al de la pena de privación de libertad ni comunicarse con ella por el mismo periodo.
Finalmente, la sentencia condena al procesado a que indemnice a la menor con 50.000 euros por el perjuicio moral y con 1.955 euros a la Generalitat Valenciana por la asistencia prestada a la menor.
La sentencia establece como hechos probados que entre septiembre de 2022 y abril de 2023 el procesado, en su condición de profesor de tenis de la víctima, de 14 años en el momento de los hechos, y sirviéndose de la confianza que en él tenían los padres de la menor, empezó a dedicarle más dedicación que al resto de alumnos.
Así, la recogía en su casa para llevarla al entrenamiento y la llevaba, además de a la cancha de tenis, a una vivienda de su propiedad ubicada en La Vall d’Uixó (Castellón), en la que existe un gimnasio con la excusa de realizar entrenamiento físico.
Fue en dicha vivienda donde el acusado, «con claro ánimo de satisfacer sus deseos sexuales» abusó sexualmente de la menor. El 23 de abril de 2023 la menor manifestó al acusado que no le venía la regla. Éste se puso de rodillas y le suplicó a la menor que no dijera nada a sus padres y que les dijera que había mantenido relaciones sexuales con otro menor y así no pasaría nada, porque si les decía que había sido él, lo meterían en la cárcel.
Como consecuencia de los hechos la menor quedó embarazada y procedió a la interrupción voluntaria del embarazo en un hospital, lo que supuso unos gastos de asistencia de 1.955,90 euros. En octubre de 2024 el acusado consignó voluntariamente en la Audiencia Provincial 43.955,90 euros para cubrir, junto con la anterior cantidad consignada, la indemnización que solicitaba el fiscal para la menor y para la Generalitat.
