La Asociación Española de Consumidores se ha pronunciado ante la precaria situación que viven miles de familias en España, exigiendo la eliminación del 10% de IVA en las plazas privadas de residencias. La entidad denuncia los incumplimientos y retrasos en la Ley de Dependencia, que obligan a muchas familias a asumir el coste de una plaza privada mientras esperan la asignación de recursos públicos.
IVA en residencias: ¿Una carga injusta?
El acceso a una plaza en una residencia de ancianos no debería ser un lujo, sino un derecho. Eso cree la Asociación Española de Consumidores, que critica duramente la falta de sensibilidad de las Administraciones Públicas, tanto autonómicas como estatales, ante la desesperada situación de las familias que necesitan una plaza de residencia para sus mayores. Pagar un IVA del 10% agrava aún más la carga económica que soportan, mientras se enfrentan a largas listas de espera y a una compleja burocracia. Esta situación de total desamparo obliga a muchas familias a endeudarse para costear una plaza privada, un gasto que se suma a la angustia emocional de ver a sus seres queridos en situación de vulnerabilidad.
La organización argumenta que la aplicación del IVA en este contexto es injusta e inmoral. Se trata de un servicio esencial, especialmente para aquellas personas en situación de dependencia, y no debería estar sujeto a este impuesto. Eliminar el IVA en las residencias de ancianos sería una medida de justicia social que aliviaría la presión económica sobre las familias y garantizaría un acceso digno a los cuidados de larga duración.
La Asociación Española de Consumidores no se limita a denunciar la situación, sino que propone soluciones concretas. Exigen al Gobierno un plan de choque para agilizar los trámites de la Ley de Dependencia y reducir drásticamente las listas de espera. Este plan debería incluir:
- Incremento de la inversión pública en dependencia: Es fundamental destinar más recursos económicos para reforzar los servicios de atención a la dependencia y ampliar el número de plazas públicas en residencias.
- Simplificación de los trámites administrativos: El proceso de solicitud y valoración de la dependencia debe ser más ágil y transparente, eliminando la burocracia excesiva que dificulta el acceso a las prestaciones.
- Refuerzo del personal de valoración: Es necesario aumentar el número de profesionales encargados de valorar el grado de dependencia, para acelerar el proceso y reducir los tiempos de espera.
- Mayor transparencia en la gestión de los recursos: Las Administraciones Públicas deben rendir cuentas sobre la utilización de los fondos destinados a la dependencia, garantizando la eficiencia y la equidad en la asignación de las prestaciones.
- Fomento de la atención domiciliaria: Se deben potenciar los servicios de atención domiciliaria, como alternativa a la residencia, para permitir que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible.
La asociación anima a todas las familias afectadas por los retrasos en la dependencia a contactar con ellos a través del correo electrónico consultas@consumoenpositivo.es para trasladar sus quejas y recibir asesoramiento.
