La derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, aprobada por el Parlamento regional el pasado 4 de noviembre con los votos de PP y Vox, entrará en vigor este miércoles 13 de noviembre. Esta decisión, impulsada por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), abre un nuevo capítulo en el debate sobre la memoria histórica en la región.
Razones de la derogación
La presidenta cántabra justifica la derogación argumentando la falta de consenso en la elaboración y aprobación de la ley anterior. Según Sáenz de Buruaga, la norma «nació muerta» debido a la falta de diálogo por parte del PRC y el PSOE, quienes promovieron la ley durante la anterior legislatura. Acusa a los anteriores gobernantes de rechazar las propuestas de la oposición y de no aceptar ninguna de las enmiendas presentadas por PP, Cs y Vox. «La ley no pretendió el consenso ni en la forma ni en el fondo», afirma la presidenta, quien considera que la norma se basaba en la imposición del relato histórico de un único sector político.
Desde su campaña electoral, el PP de María José Sáenz de Buruaga abogaba por la derogación de esta ley, considerándola un ataque a la convivencia y a las libertades democráticas. Buruaga sostiene que la ley derogada contradice los principios de la Transición española al imponer una verdad oficial a través de una Comisión de la Verdad, encargada de orientar el relato histórico y sancionar las desviaciones del mismo. Asimismo, critica la inclusión de una asignatura sobre memoria histórica en el currículo escolar, cuyo contenido, según la presidenta, sería elaborado por el Gobierno sin la participación del profesorado, y la obligación de las instituciones de destinar partidas presupuestarias a proyectos que, en su opinión, exaltaban a las víctimas de un solo bando.
La memoria histórica en Cantabria: ¿qué cambia?
La Ley de Derogación consta de tres artículos y dos disposiciones. El primer artículo deroga la ley anterior. El segundo establece que las exhumaciones se regirán por la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de 1998, concretamente por la normativa de patrimonio arqueológico y paleontológico. El tercer artículo regula la custodia del material documental relativo a la represión política durante la II República, la Guerra Civil y la Dictadura, que se regirá por la Ley de Archivos de Cantabria de 2002. La disposición transitoria única establece que los procedimientos administrativos iniciados y no concluidos al amparo de la ley derogada continuarán tramitándose según la normativa anterior. La disposición final fija la entrada en vigor de la derogación el 13 de noviembre.
Esta derogación plantea interrogantes sobre el futuro de las políticas de memoria histórica en Cantabria. La eliminación de la Comisión de la Verdad y la asignatura de memoria histórica en las escuelas son dos de los cambios más significativos. La gestión de las exhumaciones y la custodia de los documentos relacionados con la represión política se adaptarán a la legislación vigente en materia de patrimonio cultural y archivos.
