Aunque los problemas de Glovo no han comenzado con la Ley Rider, sin duda esta ha puesto en el escaparate la complicada relación entre la plataforma y los repartidores. Sin embargo, como lo demuestra el reportaje publicado por El País el fin de semana, los problemas existían antes de la entrada en vigor de la nueva ley, e incluso antes de su aprobación. Es que el pasado 9 de octubre un juzgado de lo social sentenció a la empresa por emplear 3.312 falsos autónomos.
A nivel reputacional es otra raya para el tigre, pero es un recordatorio para el unicornio español de que sus problemas con los repartidores van más allá de la nueva ley, o de su versión europea, el reglamento europeo de trabajo en plataformas, sino que los horarios que deben cumplir los trabajadores y la realidad de sus ingresos suelen hacer que los jueces no los consideren autónomos, y que asuman una relación laboral directa con estas plataformas. Es lo que acaba de definir el juzgado de Madrid y una realidad que ya han enfrentado este tipo de plataformas en otros países que no tienen su ley rider como España, pero que al revisar la realidad asumen la relación laboral.
De momento, Glovo no ha anunciado si piensa recurrir esta sentencia, o si hay otras denuncias similares previas a la ley que sigan esperando una sentencia, pero se espera una nueva sanción que se sume a los más de 400 millones de euros que su accionista mayoritario, la empresa alemana Delivery Hero, apartó para pagar sanciones, monto que ya se ha superado en 2024. Es un dato complicado de digerir, incluso si tanto la empresa alemana como la plataforma española han presumido de buenos datos en su reciente presentación de resultados.
Es bueno señalar que no incluye a todos los miembros de la flota de repartidores. Aquellos que hayan usado una cuenta de Glovo de forma ilegal al no tener permiso de trabajo no fueron considerados dentro de la sanción, ya que el juzgado ha considerado que no son responsabilidad directa de la plataforma.
En esta, los directivos de la empresa alemana explicaban que de momento no avanzaría conclusiones sobre la situación de los riders en territorio español. Según dejaron claro, seguían enfrentando varias batallas legales por la situación de la ley en España, por lo que preferían avanzar con cuidado en esta situación, incluso si confirmaron que los datos de Glovo empezaban a ser positivos de cara a los ingresos de su matriz alemana.
MÁS SANCIONES PARA GLOVO
De momento, además de asumir los costes de cara a la seguridad social por el tiempo que estos trabajadores estuvieron bajo su empleo, la plataforma tendrá que asumir la sanción que se calcule necesaria desde la Inspección de Trabajo. Es un monto importante, pues de un plumazo tendrán que asumir el tiempo de trabajo de estos trabajadores en la seguridad social.
Este nuevo pago se suma a las sanciones previas, varias de ellas todavía esperando sentencia tras ser recurridas, y las denuncias de fiscalía contra el fundador y consejero ejecutivo de Glovo, Oscar Pierre, que tendrá que testificar el próximo 3 de diciembre, de nuevo por acusaciones de violar los derechos de los trabajadores que también han sido clasificados como «falsos autónomos».
Más allá del costo económico de pagar las sanciones y enfrentar cada una de estas acusaciones en los juzgados, es un problema reputacional para la plataforma. Es un espejo en el que debería verse Uber Eats, que aunque intento trabajar con un modelo similar al que usan con los conductores de VTC, que están contratados a través de empresas intermediarias, ya tienen tiempo trabajando con repartidores autónomos en España, lo que los pone en el centro de mira de las inspecciones de trabajo en el futuro inmediato.
MALAS NOTICIAS PARA LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS
Eso sí, esta sentencia deja en una situación incómoda a los repartidores extranjeros, que usan las cuentas de Glovo sin cumplir con las condiciones exigidas por la empresa. Era de esperarse que no se hiciera responsable a la plataforma de su destino, como se ha hecho evidente cuando alguno ha sufrido un accidente, pero también es un recordatorio de que los que asumen esta opción lo hacen en una situación de vulnerabilidad difícil de asumir para los españoles y para los trabajadores que tienen los documentos para trabajar con las protecciones legales de cualquier ciudadano.
En cualquier caso se sigue revisando la situación de estas personas, pero sigue siendo común para los usuarios hacer un pedido y encontrarse con un repartidor en su puerta diferente al señalado desde la aplicación. Si bien Glovo permite subarrendar la cuenta a otros usuarios, estos deben poder darse de alta como autónomos e identificarse, en la realidad sigue siendo común que se alquilen cuentas debajo de la cuerda, y todavía se puede ubicar usuarios ofreciendo esta opción a migrantes que todavía no tienen los papeles.
