El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha aprobado una importante inyección económica para fortalecer el transporte público colectivo metropolitano en cuatro áreas clave de España. Se trata de subvenciones directas por un total de 363,7 millones de euros, la misma cantidad destinada en 2023, que se distribuirán entre Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias para el ejercicio 2024.
Las ayudas, cruciales para el funcionamiento de los sistemas de transporte, se destinan a la financiación del transporte público regular de viajeros de los siguientes organismos:
- Consorcio Regional de Transportes de Madrid: Recibirá una asignación de 126,89 millones de euros.
- Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona: Se le otorgarán 149,3 millones de euros.
- Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Valencia: Contará con 40 millones de euros.
- Comunidad Autónoma de Canarias: Dispondrá de 47,5 millones de euros.
Estas subvenciones directas representan una inversión estratégica del Gobierno en la movilidad sostenible, y se suman a las ayudas ya existentes del Mitma, incluyendo los descuentos en las tarifas de los billetes y la gratuidad del transporte público en el caso específico de Canarias. Esta financiación adicional permitirá a las autoridades competentes afrontar los retos del transporte público en áreas de alta densidad poblacional, mejorando la frecuencia de paso, la accesibilidad y la calidad del servicio.
Movilidad sostenible, eje central de las subvenciones
La concesión de estas subvenciones no se realiza de forma incondicional. El Mitma ha establecido un requisito fundamental: la elaboración y presentación de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de cada beneficiario. Este plan debe estar alineado con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2030, lo que demuestra el compromiso del Gobierno con un modelo de transporte más limpio, eficiente e integrado. De esta manera, la financiación estatal actúa como catalizador para impulsar la planificación estratégica de la movilidad a nivel regional y local, fomentando la intermodalidad, la electrificación del transporte y la reducción de la dependencia del vehículo privado.
La exigencia de un Plan de Movilidad Sostenible garantiza que las inversiones se destinen a proyectos que realmente contribuyan a la transición ecológica y la mejora de la calidad de vida en las ciudades. Estos planes deben incluir medidas concretas para promover el uso del transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, así como la integración de diferentes modos de transporte. Se busca, en definitiva, un sistema de movilidad más eficiente, accesible y respetuoso con el medio ambiente.