La figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el ojo del huracán y se enfrenta a una nueva petición de reprobación en el Congreso de los Diputados. Tanto el Partido Popular (PP) como Vox han solicitado su cese, argumentando incumplimiento de sus funciones y cuestionando su imparcialidad. Esta situación de tensión política pone de manifiesto la importancia del Ministerio Fiscal y su papel en el sistema judicial español. La controversia generada alrededor de García Ortiz abre un debate sobre la independencia de este órgano y los mecanismos para garantizar su correcto funcionamiento.
Las razones del PP para el cese del Fiscal General
El PP fundamenta su petición de cese en una serie de episodios que consideran «gravísimos incumplimientos» por parte del fiscal general. Entre ellos, destacan las sentencias del Tribunal Supremo contra nombramientos realizados por García Ortiz, como el de la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala. Este nombramiento, criticado por la oposición, fue considerado por el Supremo como contrario a los principios de imparcialidad y mérito. Además, el PP señala los enfrentamientos del fiscal general con el Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Fiscal, por supuestos ataques independentistas a fiscales del procés. El partido considera que García Ortiz no ha escuchado a la carrera fiscal ni al Consejo Fiscal, lo que representa una grave falta en el ejercicio de sus funciones.
Para el PP, estos hechos demuestran la incapacidad de Álvaro García Ortiz para continuar al frente del Ministerio Fiscal. Argumentan que su actuación «abochorna a la carrera fiscal, a los juristas en general y a todos los demócratas». Por ello, solicitan su cese amparándose en el artículo 31.1.d) del Estatuto del Ministerio Fiscal, que permite la destitución del fiscal general en caso de «incumplimiento grave y reiterado de sus funciones».
Vox quiere una mayor independencia en el Ministerio Fiscal
Vox, por su parte, también ha solicitado la destitución inmediata de García Ortiz, pero su enfoque se centra en la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos en el desempeño de su cargo. Esta acusación, relacionada con la regularización fiscal del cónyuge de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha añadido una nueva capa de complejidad a la situación.
Más allá de la destitución de García Ortiz, Vox plantea una reforma de la Ley que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal. Su objetivo es que la audiencia preceptiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prevista en la Constitución para el nombramiento del fiscal general del Estado, pase a ser vinculante. Actualmente, el Gobierno propone al fiscal general y el Rey lo nombra a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. Vox considera que esta reforma reforzaría la independencia del Ministerio Fiscal y limitaría la influencia del poder político en su funcionamiento. La formación política aboga por garantizar la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia del fiscal general del Estado, principios fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía en la justicia.
