La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como ‘Ley Mordaza’, inicia su trámite parlamentario. Este martes, el Congreso de los Diputados da el primer paso para derogar aspectos controvertidos de la ley actual y establecer un nuevo marco legal que proteja las libertades ciudadanas.
La proposición de ley, impulsada por los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar), cuenta con el apoyo de ERC, PNV y Bildu, y se tramitará por el procedimiento de urgencia para su aprobación antes de fin de año.
Cambios sustanciales en las sanciones y el uso de la fuerza
Uno de los pilares de la reforma es la eliminación de la «discrecionalidad» en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. La ley actual ha sido criticada por la ambigüedad en la aplicación de estas sanciones, lo que ha llevado a situaciones de abuso y vulneración del derecho a la libre expresión. La nueva redacción exige que las sanciones sean «objetivables y justificadas», terminando con la subjetividad y protegiendo la libertad de expresión.
Se limitarán las sanciones a «insultos o injurias» que no constituyan delito, excluyendo las «expresiones relevantes» y se introducirá la posibilidad de cancelación de la sanción en caso de retractación. Además, las faltas por desobediencia pasarán de graves a leves, sancionables únicamente en casos de «negativa expresa a cumplir una orden legal» o «resistencia corporal a un mandato de los agentes», siempre ajustados a la normativa.
La reforma también aborda el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad. Se establece el compromiso de la «sustitución progresiva» de las pelotas de goma, un elemento antidisturbios que ha causado lesiones graves e incluso la pérdida de visión en manifestantes. Se buscarán alternativas menos lesivas que garanticen la seguridad ciudadana sin poner en riesgo la integridad física de las personas.
Reforma de la Ley de Extranjería
Otro aspecto crucial de la reforma es la modificación de la Ley de Extranjería para poner fin a las «devoluciones en caliente» de migrantes en frontera. Se ha establecido un plazo máximo de seis meses para incluir una nueva disposición adicional que garantice el respeto a los derechos humanos y la protección internacional en la política migratoria. Se asegurará el acceso a la evaluación de las solicitudes de protección internacional antes de cualquier posible expulsión, en línea con las convenciones internacionales y el derecho de asilo.
Esta medida, largamente demandada por organizaciones de derechos humanos, busca humanizar la gestión de los flujos migratorios y garantizar el debido proceso a las personas que buscan refugio en España.
Además de los puntos mencionados, la reforma también aborda otros aspectos relevantes:
- Mayor transparencia en la actuación policial: Se busca mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas de las Fuerzas de Seguridad, para evitar abusos y garantizar la confianza ciudadana.
- Regulación del uso de las cámaras corporales: Se establecerán protocolos claros para el uso de las cámaras por parte de los agentes, protegiendo la privacidad de los ciudadanos y garantizando la transparencia en las intervenciones policiales.
- Limitación del uso de la identificación preventiva: Se restringirán los supuestos en los que se puede solicitar la identificación a una persona, para evitar la discriminación y el perfilamiento racial.
- Fortalecimiento del derecho de reunión y manifestación: Se garantizará el ejercicio pacífico del derecho de protesta, estableciendo mecanismos para la gestión de las manifestaciones y evitando la criminalización de la disidencia.
