Las cajas de botín, un mecanismo de recompensa aleatorio presente en muchos videojuegos, se han convertido en un foco de preocupación por su potencial para fomentar la adicción tanto a los videojuegos como a las apuestas online. Hablamos de microtransacciones dentro de los videojuegos que ofrecen la posibilidad de obtener recompensas aleatorias a cambio de dinero real. El jugador no compra la ventaja directamente, sino la probabilidad de obtenerla.
Esta mecánica, similar a la de las apuestas online, genera un comportamiento de riesgo al incentivar la inversión con la esperanza de un premio incierto. Su formato puede variar, presentándose como cofres, sobres, ruletas, etc., lo que emula las dinámicas de los juegos de azar. Este sistema se ha convertido en una importante fuente de ingresos para la industria del videojuego, lo que dificulta su regulación. La problemática se agrava aún más al considerar que el público objetivo de muchos videojuegos, y por ende de estas cajas de botín, son menores de edad, un grupo especialmente vulnerable a este tipo de mecánicas.
Comprar una caja de botín no garantiza una mejora específica en el juego, sino la oportunidad de conseguirla, lo que alimenta el ciclo de inversión y la búsqueda constante de recompensas. Este comportamiento puede derivar en una adicción similar a la que se experimenta con las apuestas online.
Investigaciones y la necesidad de una regulación eficaz
Diversos estudios, como el realizado recientemente por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) con la financiación del Ministerio de Consumo, han demostrado la conexión entre el uso problemático de las cajas de botín, la adicción a los videojuegos y las apuestas online. En dicha investigación, realizada con una muestra de 542 estudiantes de entre 11 y 30 años, se evidenció que las cajas de botín actúan como un puente entre ambos trastornos. La muestra incluyó tanto a menores como a jóvenes adultos, con una media de edad de 17 años, procedentes de diversas comunidades autónomas. Los participantes debían haber jugado a videojuegos, comprado cajas de botín y apostado online en los 12 meses previos al estudio.
Los resultados revelaron una preocupante tendencia: la normalización del uso de videojuegos entre menores, con porcentajes que alcanzan el 84% en la franja de 11 a 14 años, según la Asociación Española de Videojuegos. Esta alta penetración de los videojuegos entre menores, sumada a la presencia de las cajas de botín, aumenta el riesgo de desarrollar problemas de adicción.
Otro estudio del grupo de investigación Ciberpsicología de la UNIR, con más de 2.000 adolescentes, mostró una asociación entre la compra de cajas de botín y la apuesta online en los seis meses posteriores. Además, se observó que la compra de estas recompensas dentro de los videojuegos se convierte en una práctica habitual para los menores, con una tasa de repetición cercana al 60% a los seis meses. Estos datos alarmantes ponen de manifiesto la necesidad de una regulación más efectiva para proteger a los menores de los efectos perjudiciales de las cajas de botín.
Aunque se han implementado algunos mecanismos de control, la investigación de la UNIR destaca que las medidas actuales son insuficientes. La industria del videojuego ha creado un modelo de negocio que, si bien es lucrativo, resulta perjudicial, especialmente para los menores, al conectar dos mundos que no deberían estar relacionados: los videojuegos y las apuestas online. Expertos como Joaquín González-Cabrera, investigador de la UNIR y autor principal del estudio, advierten sobre la toxicidad de este modelo y la urgencia de tomar medidas más contundentes.
Las conclusiones de estos estudios han sido consideradas por el Ministerio de Consumo en la elaboración de un anteproyecto de ley para la regulación de las cajas de botín dentro de los videojuegos. Se espera que esta regulación contribuya a minimizar los riesgos asociados a estas mecánicas de juego y a proteger a los menores de la adicción a las apuestas online. Es crucial que la futura legislación aborde la problemática de forma integral, considerando tanto la perspectiva de la salud pública como la protección de los consumidores.
