Sin duda, la situación de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. El precio tanto de la compra como del alquiler de un piso o una casa no ha dejado de subir en los últimos años y hoy en día puede superar el sueldo medio del país. En esa realidad, la protesta organizada por el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas tiene entre sus ideas apuntar por una huelga de alquileres, es decir, que los inquilinos se nieguen a pagar el costo del alquiler y a al menos paguen menos de lo que piden los propietarios.
Esta medida puede parecer atractiva, pero deja sin protección legal a los inquilinos que estarían exponiéndose a un desahucio. Si bien organizaciones como las que llamaron a la protesta del pasado 13 de octubre tienen estrategias que pueden retrasar estos procesos hasta 2 años, es también evidente que esta realidad juega antes o en contra de la huelga como mecanismo de protesta. A diferencia de la huelga laboral, protegida en el artículo 28 de la Constitución Española, negarse a pagar un contrato de forma unilateral no es una buena posición en la que encontrarse a largo plazo.
En sus comunicados desde el Sindicato de Inquilinos aseguran que es un problema que se puede resolver con un número suficiente de ciudadanos que participen en la protesta. «Si una inquilina deja de pagar, el problema lo tiene ella. Pero si diez mil inquilinas nos organizamos para no pagar, el problema lo tienen los caseros y los gobiernos que les sostienen», aseguran en el último texto firmado por la organización, esta vez en El Salto diario.
Además, existe un riesgo de que esta forma de protesta tenga el efecto opuesto al que esperan desde el Sindicato. El crear más incertidumbre en los propietarios puede traducirse en una subida de los precios, por la necesidad de proteger su bolsillo ante la posibilidad de que el inquilino decida dejar de pagar. Es uno de los riesgos que esta organización asume, y que sigue defendiendo la necesidad de una medida radical para afrontar la situación ante lo que consideran una respuesta pobre por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
LA VIVIENDA COMO GRAN PROBLEMA DE ESPAÑA EN 2024
Según la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el problema de la vivienda es ya el tercero que más preocupa a los españoles y ya el 22,7% de la población lo considera el principal problema del país, solo superada por la migración (28,1%) y la posibilidad de una nueva crisis económica (23,8%). Además, el problema que ocupa el cuarto puesto del barómetro, el paro (22%) es uno que va de la mano con la posibilidad de independizarse y tener acceso a una vivienda.
Es un llamado de atención tanto para los gobiernos de las Comunidades Autónomas, que cada uno ha empezado a buscar su propia estrategia para resolver la situación, como para el nacional, que debe asumir finalmente el fracaso total de su ley de vivienda. Aunque es complicado que se le dé la razón a una organización como el sindicato de viviendas, que habla abiertamente de que su objetivo a largo plazo es la desaparición del concepto de alquiler, también es evidente que si la situación sigue empeorando la molestia de los ciudadanos será más complicada de controlar.
De momento las formulas sobre como enfrentar el problema varían. Mientras que el PSOE sigue pidiendo que se aplique la ley de vivienda en las Comunidades Autónomas, aunque esta no ha funcionado en Cataluña y que no aplica en comunidades donde gobiernan como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra. El PP, por su lado, insiste tanto en la construcción de pisos de alquiler accesible como el liberar más suelo para la construcción de viviendas, pero mientras se discuten las fórmulas los problemas se siguen alargando y siguen empeorando.
EL PRECIO DE LA VIVIENDA Y EL ALQUILER SIGUE SUBIENDO
Lo que es difícil de ocultar es que tanto el precio de las hipotecas como el de los alquileres no dejan de subir. Según informa Idealista, en el tercer trimestre del año, comparándolos con el porcentaje interanual del año pasado, el precio ha subido un 8,7%, específicamente el alquiler ha subido un 19% en España en los últimos 5 años, en comparación, durante el mismo periodo de tiempo, el poder adquisitivo de los españoles solo ha subido un 14%.
Actualmente, hay siete provincias españolas que se encuentra en máximos de precios de la vivienda: Alicante (2.298 euros por metro cuadrado), Baleares (4.561 euros), Guipúzcoa (3.652 euros), Las Palmas (2.542 euros), Madrid (3.569 euros), Málaga (3.397 euros) y Santa Cruz de Tenerife (2.865 euros).
A cierre del tercer trimestre de 2024, el mayor ascenso de los precios se ha dado en Santa Cruz de Tenerife, con un 17,5%, seguido por Las Palmas (14,7%) y Madrid (14,1%). Por encima del 10%, seguían también Baleares (13,1%), Alicante (12,6%) y Málaga (11,9%), mientras en Guipúzcoa los precios aumentaban un 4,8% interanual.
