La renovación del Consejo de Administración de RTVE se convierte en el nuevo campo de batalla político en España. El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que rebaja las mayorías necesarias para desbloquear el proceso, ha desatado una fuerte polémica y acusaciones de intento de control por parte del Gobierno.
El decreto de la discordia
El real decreto que modifica el proceso de renovación del Consejo de Administración de RTVE ha generado una oleada de críticas desde la oposición. La reducción de las mayorías necesarias para la elección de los consejeros ha sido interpretada por el Partido Popular (PP) como un intento del Gobierno de controlar la televisión pública.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de buscar el «control absoluto» de RTVE. Según Tellado, la propuesta de elegir 11 consejeros desde el Congreso y cuatro en el Senado «no pinta bien» y evidencia las intenciones del Ejecutivo. Estas declaraciones reflejan la profunda desconfianza que existe entre el Gobierno y la oposición en relación con la gestión de la radiotelevisión pública.
¿Qué implicaciones tiene la rebaja de las mayorías? Esta modificación podría facilitar la elección de un Consejo de Administración más afín al Gobierno, lo que genera preocupación sobre la posible influencia política en la línea editorial de RTVE. La independencia de la televisión pública es fundamental para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Un control excesivo por parte del Gobierno podría poner en riesgo estos principios y convertir a RTVE en un instrumento de propaganda política.
La acusación de Miguel Tellado de que el Gobierno busca el «control absoluto» de RTVE se suma a otras críticas previas sobre la instrumentalización de las instituciones públicas. El portavoz del PP ha mencionado ejemplos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, Renfe o el Defensor del Pueblo. Según Tellado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de «tomar y ocupar todas las instituciones del Estado y ponerlas al servicio de su partido y al servicio de su persona».
