Un jurado popular decidirá el destino del acusado de asesinato en Purchil, Granada. El suceso, ocurrido la Navidad de 2020, conmocionó a la localidad granadina. El procesado se enfrenta a una posible condena de 20 años de prisión por asestar una puñalada mortal en el corazón a un hombre en presencia de su expareja, quien en ese momento era la novia del acusado. La acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, solicita una pena aún mayor: 30 años de cárcel. La defensa, por su parte, argumenta legítima defensa, alegando que el fallecido atacó primero con una catana.
El juicio, que se celebra en la Audiencia de Granada, se centra en los acontecimientos ocurridos la madrugada del 25 de diciembre de 2020. Según la Fiscalía, el acusado, tras una discusión telefónica con su novia, se dirigió al domicilio donde se encontraba ella junto a su expareja. Ocultando un cuchillo de 13 centímetros, el procesado presuntamente asestó varias puñaladas a la víctima al abrir la puerta. Una de ellas, directa al corazón, resultó fatal. El hombre falleció en Urgencias apenas una hora después.
La acusación particular, representada por el letrado Solimán Ahmed, añade detalles cruciales a la narración. Según su versión, la discusión previa entre el acusado y su novia se originó por un presunto robo de dinero, derivando en insultos y amenazas por Whatsapp. Al enterarse de que su pareja estaba con la víctima, el acusado se dirigió a la vivienda con la presunta intención de acabar con su vida. La acusación solicita 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, argumentando que el acusado trató de prolongar la agonía de la víctima, y cinco años más por amenazas.
Legítima defensa, la clave del caso en Purchil
La defensa, liderada por el letrado Rafael López Guarnido, presenta una versión radicalmente distinta. Alegan legítima defensa, sosteniendo que el acusado fue atacado primero con una catana en la cabeza y el tórax por la víctima. Las heridas, según informes forenses, habrían sido mortales de no ser por la rápida asistencia médica recibida por el acusado. La defensa insiste en que el objetivo del procesado no era acabar con la vida del hombre, sino defenderse de una agresión violenta. Las lesiones que causaron la muerte se produjeron, según su versión, durante un enfrentamiento iniciado por el fallecido.
Este complejo caso plantea interrogantes cruciales para el jurado popular. ¿Fue un asesinato premeditado impulsado por los celos y la ira? ¿O se trató de un acto de legítima defensa ante una amenaza inminente?
La pena que podría enfrentar el acusado varía significativamente según la calificación jurídica del delito. Si se considera asesinato, la condena podría oscilar entre los 20 y los 30 años de prisión. Si, por el contrario, se acepta la tesis de la legítima defensa, la pena podría ser considerablemente menor, o incluso resultar en la absolución.
