El Sindicato de Inquilinos es la organización que más fuerza ha conseguido después de la protesta por la vivienda del pasado 13 de octubre. La organización, creada en 2017 de la mano de varios movimientos ligados a la izquierda, siempre ha tenido una relación estrecha con Lavapiés en Madrid, incluso si su primera versión fue fundada en Barcelona. Por eso la organización, de la que Valeria Racu se ha vuelto la cara más visible, está atenta a cada posible desahucio en el mítico barrio madrileño, tanto de vecinos como de espacios okupados por colectivos de la zona, como el caso ‘La Canika’ que paso de sede de la Caixa a un Centro Social autogestionado a estar por reabrir como piso turístico.
Las estrategias son tomadas de las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH), que nacieron alrededor de la crisis de 2008, buscando proteger a aquellos ciudadanos que enfrentan un desahucio. Como es de esperar, esto ha generado problemas con los propietarios, pues no siempre se trata de fondos o de grandes propietarios, sino de una familia con una segunda vivienda. Es la forma en la que se dieron a conocer en el barrio y la estrategia que han conseguido no solo para proteger viviendas de los vecinos, sino también para conseguir nuevos miembros.
Es complicado discutir con el éxito de esta estrategia para atraer nuevos miembros. La convocatoria de protesta del pasado 13 de octubre contó con 22.000 asistentes, según los datos de la delegación de Gobierno de Madrid, y a pesar de la presencia de partidos de izquierda ha sido transversal, y no es para menos, pues el problema de la vivienda viene empeorando desde la explosión de la burbuja hace ya más de 15 años.
De momento mantienen el modus operandi, aunque el Sindicato de Inquilinos espera dar un paso más que las PAH no llegaron a dar. Racu habló en la concentración del domingo de una ‘Huelga de alquileres’, es decir, dejar de pagar el alquiler a los caseros, o al menos reducir lo que se paga. Es una medida controvertida, además de ser ilegal, pues no hay un umbral legal de aumentos o de precio que se defina como un «alquiler abusivo», pero la portavoz del sindicato ha escrito en un artículo de ElDiario.es previo a la protesta: «es el momento de desobedecer todas las leyes injustas que permiten que la mayoría no tengamos una vivienda digna, estable y segura».
LAS PEQUEÑAS VICTORIAS DEL SINDICATO DE INQUILINOS SON TEMPORALES
El problema es que en la mayoría de los casos el evitar un desahucio es solo una solución temporal para una persona particular. Es más una forma de organizarse y de dar tiempo a algún vecino para que enfrente la situación con algo más de tiempo, pero lo cierto es que en la práctica incluso con la pandemia los propietarios tienen la ventaja legal en este tipo de situaciones. Al mismo tiempo, cada vez que hacen lo posible para alargar un proceso de desahucio, ponen la lupa en la situación.
Es que Lavapies, con su localización cercana al centro, a tan solo unos pocos minutos a pie de Sol y de la Plaza Mayor, es también un sitio especialmente visible para señalar estos problemas. Es por lo que han empezado a señalar al Gobierno, tanto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de quien han solicitado su dimisión, como al propio Presidente, Pedro Sánchez, que querido enfrentar la situación con un nuevo bono de alquiler joven, que sigue siendo insuficiente de cara a los ciudadanos y a los sindicatos.
Será importante seguir de cerca sus movimientos en esta situación. La vivienda se está convirtiendo en uno de los principales problemas del Gobierno, y un que se ha vuelto su responsabilidad tras los 6 años de Sánchez en la Moncloa y una ley de vivienda que no funciona, ni siquiera en las zonas que se han declarado tensionadas en Barcelona.
EL ATAQUE A LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
Además de tomar la estrategia de las PAH para frenar desahucios y atraer seguidores, se suma un ataque frontal contra las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y las aplicaciones que las defienden, en particular Airbnb. En esto han conseguido captar los oídos no solo de la izquierda sino también de la alcaldía de Madrid, que ha prometido aplicar una nueva regulación sobre estas.
De nuevo en esto, Lavapies es un ejemplo evidente de la situación con el barrio lleno de pegatinas con la frase en inglés Fuck Airbnb. Esto también se ha traducido en una muestra de ‘turismofobia’ no solo señalando a los turistas por su presencia en el barrio, sino también por la decisión de visitar la zona. Es un equilibrio complicado, pues es evidente que para Madrid el turismo es parte de su dieta económica, pero en una situación como la actual es difícil ignorar la molestia que genera ver espacios residenciales como para el turismo y todo sin la licencia correcta.
