La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 13 miembros de una red de tráfico de personas que operaba a través de «pateras taxi» desde el norte de África hasta Almería. Las penas impuestas alcanzan los seis años de prisión. El entramado criminal facilitaba la inmigración irregular, proporcionando cobijo en poblados chabolistas y gestionando el traslado de algunos migrantes hasta Francia.
Operativa de la red de tráfico de personas
La sentencia, que diferencia distintos grados de participación entre los 19 acusados iniciales (uno absuelto y cinco en rebeldía procesal), desgrana la compleja operativa de la red. El cabecilla de la organización, condenado a seis años de prisión, controlaba todas las actividades, desde el contacto con las mafias argelinas hasta la recepción del dinero y su posterior reparto. Se estima que la red facilitó la entrada irregular de 700 personas a España.
El proceso judicial ha revelado cómo la organización criminal creó un sistema estructurado y estable, con cada miembro desempeñando una función específica. El líder, en contacto directo con las mafias argelinas, coordinaba las llegadas de las pateras, especificando fechas, horas y puntos de desembarco, principalmente en el Levante almeriense y Cabo de Gata. Su papel prepoderante le permitía controlar todo el proceso y obtener la mayor parte de los beneficios ilícitos.
Una vez en la costa española, otros miembros de la red se encargaban de la recepción de los migrantes, su traslado a pisos francos en Almería y Murcia, o su ocultación en asentamientos chabolistas. La organización contaba también con la colaboración de individuos encargados del traslado de los migrantes hasta la frontera francesa, cobrando entre 400 y 500 euros por sus servicios. Incluso proporcionaban alojamiento en un hotel a aquellos migrantes que no podían cruzar la frontera de forma inmediata, demostrando la sofisticación y alcance de la red.
Blanqueo de capitales y lucha contra la inmigración ilegal
La investigación destapó un complejo sistema de blanqueo de capitales. Los pagos, que oscilaban entre 4.000 y 5.000 euros por migrante, se realizaban a través de empresas remesadoras con datos de terceros ajenos a la actividad ilícita. Además, utilizaban una agencia de viajes, cuyo propietario desconocía la actividad ilegal, como tapadera para sus operaciones.
La sentencia pone de manifiesto la importancia de la lucha contra las redes de tráfico de personas y la necesidad de una cooperación internacional para combatir este delito. La Guardia Civil, responsable de la investigación, logró desmantelar esta red, evitando la entrada ilegal de más personas y el enriquecimiento ilícito de la organización.
