El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comparece ante la comisión mixta (Congreso-Senado) para presentar el trascendental informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica. Este informe, esperado con gran expectación, analiza el papel de los poderes públicos ante esta problemática y expone las conclusiones de una investigación exhaustiva. La comparecencia de Gabilondo marca un hito en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
Un año de espera para la rendición de cuentas
Casi un año después de hacer público su informe, Gabilondo presenta sus conclusiones en las Cortes. El documento, entregado inicialmente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en octubre de 2023, detalla los testimonios de cientos de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. A pesar de haber recibido nuevas denuncias tras la publicación del informe, Gabilondo decidió no modificarlo hasta su presentación en sede parlamentaria, priorizando la rigurosidad y la transparencia del proceso. Se estima que desde entonces, se han registrado 180 nuevas solicitudes de testimonios, de las cuales 95 han sido consideradas válidas hasta el momento. Esta cifra pone de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad de una actuación contundente por parte de las instituciones implicadas.
El informe, fruto de una meticulosa investigación, incluye una encuesta encargada por la Defensoría. Los resultados revelan que un 0,6% de la población española mayor de 18 años (aproximadamente 236.000 personas) ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso. Si se amplía el ámbito religioso en general, el porcentaje asciende al 1,13%, lo que se traduce en unas 445.000 personas. Estas cifras, aunque alarmantes, probablemente representan solo la punta del iceberg, ya que muchos casos permanecen ocultos debido al miedo, la vergüenza y la dificultad para denunciar.
Recomendaciones del informe y camino hacia la reparación
El informe del Defensor del Pueblo, titulado «Una respuesta necesaria», no se limita a documentar los abusos, sino que también propone una serie de recomendaciones para abordar el problema de forma integral. Entre las más destacadas se encuentra la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas, reconociendo el prolongado periodo de desatención e inactividad, especialmente entre 1970 y 2020. Esta propuesta busca dar visibilidad al sufrimiento de las víctimas y promover una cultura de responsabilidad y justicia.
Además, el informe recomienda la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas. Este fondo garantizaría que las víctimas reciban una reparación económica por el daño sufrido, contribuyendo a su proceso de recuperación y sanación. También se propone la creación de un órgano administrativo especial para gestionar el procedimiento de reconocimiento y reparación, asegurando un trato digno y eficiente a las víctimas.
El informe también aborda la necesidad de mejorar los protocolos de prevención y detección de abusos en el ámbito de la Iglesia, así como la formación del personal eclesiástico en materia de protección de la infancia. Se destaca la importancia de la colaboración entre la Iglesia y las autoridades estatales para garantizar que los casos de abuso sean investigados y juzgados de manera efectiva.
