Autismo España ha reclamado en el Congreso de los Diputados la implementación «real» y «efectiva» del Plan de Acción de autismo aprobado en julio de 2023, en el marco de la Estrategia Española en TEA, que vio la luz en 2015.
Así lo han exigido el director general de Autismo España, Jesús García Lorente, y la directora técnica de la Confederación, Ruth Vidriales, durante su última comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad de la Cámara Baja.
En su intervención, los responsables de la entidad han destacado que una de cada cien personas en España es autista, lo que representa un total de 470.000. «Sin embargo, solo están identificadas en las estadísticas oficiales algo más de 116.000, siendo el 78 por ciento de ellas hombres y el 91 por ciento menores de 30 años», han apuntado.
Desde la Confederación señalan algunas de las líneas prioritarias de actuación, que consideran «fundamentales» para mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias, como el desarrollo de políticas públicas e iniciativas legislativas «basadas en el conocimiento que contemplen sus necesidades específicas, garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos y promuevan la igualdad de oportunidades».
En relación con el diagnóstico precoz y la atención temprana, piden implementar protocolos que permitan detectar el autismo ante las primeras señales de alerta, y que tengan además en cuenta las particularidades de las niñas autistas. «Insistimos en la importancia de crear un marco normativo único sobre atención temprana a nivel estatal, que elimine las asimetrías actuales existentes en el acceso y la intervención, así como la formación especializada de profesionales en los ámbitos sanitario, educativo y social», destacan.
EDUCACIÓN DE CALIDAD EN ENTORNOS SEGUROS
Respecto al ámbito educativo, Autismo España reclama el desarrollo de recursos educativos «flexibles», centrados en las necesidades de cada alumno, así como la formación específica sobre autismo a los equipos profesionales educativos y la creación de un plan nacional sobre acoso escolar y ciberacoso, que permita acceder a una educación de calidad en entornos seguros.
Según informa la organización, Autismo España también apuesta por promover el «empleo con apoyo», así como por reservar un 1 por ciento del cupo de discapacidad en las convocatorias de empleo público para personas con autismo sin discapacidad intelectual asociada.
En cuanto a la vida adulta, la organización ve «preciso» desarrollar la asistencia personal para que ofrezca apoyos específicos a las necesidades cognitivas y psicosociales, así como servicios y recursos que tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas con autismo.
Para las niñas y mujeres autistas, defienden que resulta «imprescindible que las políticas públicas y normativas sobre igualdad y lucha contra la violencia de género contemplen de manera transversal su especial situación de vulnerabilidad».
Por otro lado, Autismo España sostiene que la salud y el bienestar emocional también son «aspectos fundamentales para garantizar una buena calidad de vida. «Debe tenerse en cuenta la vulnerabilidad de las personas con autismo en las políticas públicas de salud mental, prestando especial atención a la prevención del suicidio», subraya.
«Muchas de estas demandas aparecen recogidas en la Estrategia Española en TEA, aprobada en 2015 y cuyo Plan de Acción fue por fin aprobado en julio de 2023, tras 8 años de retraso», detallan desde Autismo España.
Además, reivindica el derecho de las familias a la conciliación y al cuidado de sus hijos e hijas con autismo, a través de prestaciones y apoyos como el del cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME). «El reconocimiento específico del autismo en el Real Decreto que regula este subsidio eliminaría barreras de acceso a la prestación a aquellas personas que cumplen los requisitos exigidos para solicitarla, sin tener que hacerlo a través de una categoría diagnóstica imprecisa, facilitando la aplicación de la normativa y eliminando situaciones de irregularidad y reclamaciones», concluye.
