La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ha aprobado este martes un acuerdo para instar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España.
El texto insta al Ejecutivo a evaluar «en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España» en rechazo a la «decisión grosera e injerencista adoptada en el Congreso de Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana», según ha afirmado la secretaria de la Asamblea Nacional, María Alejandra Hernández, durante la sesión.
Asimismo, señala que «durante los últimos años la ultraderecha española ha refugiado a criminales fascistas y terroristas convictos y confesos, quienes han promovido golpes de Estado fallidos en el país, así como la explosión de violencia para generar desestabilización política y social».
Poco antes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha asegurado que «la paciencia tiene un límite». «Y el límite específico, preciso, de la paciencia es aquel en el que excederse de esos límites implica afectar nuestra soberanía y nuestra independencia», ha agregado.
LA ASAMBLEA DE VENEZUELA ABOGA POR ABOLIR LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
Durante la misma sesión, los asambleístas han aprobado de forma unánime la abolición de la monarquía española, a la que Rodríguez ha acusado de no servir «para otra cosa que no sea para la corrupción», en respuesta a la actitud «injerencista» del Congreso español.
«¿Quién les ha dado a ellos condición de ser una especie de gendarmes? Pronto se va a saber la participación de representantes del Estado español en actos violatorios de la paz de la República Bolivariana de Venezuela, actos de conspiración. Dos señores haciendo turismo en Atabapo», ha expresado en relación a los dos ciudadanos españoles detenidos acusados de espionaje.
De igual forma, ha cargado contra el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, a quien ha tildado de «imbécil» por «meterse» en los asuntos venezolanos.
Este proyecto ha sido presentado por el primer vicepresidente de la Asamblea, Pedro Infante, quien ha descrito a España como un refugio de «ladrones, asesinos y traidores a la patria», en referencia a los numerosos opositores venezolanos exiliados en el país, entre los que ha nombrado a Leopoldo López, Julio Borges, Antonio Ledezma, Lorent Saleth, Dinora Figuera, Luisa Ortega Díaz y Enzo Franchini Oliveiro.
Esto se produce después de que el Congreso español, con el voto favorable de PP, Vox, UPN, CC y PNV, aprobara una proposición no de ley de los ‘populares’ en la que se instaba al Gobierno a reconocer al candidato presidencial Edmundo González, como presidente electo tras las presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela.
El país latinoamericano celebró unos comicios en los que, según las autoridades chavistas, Maduro se hizo con la victoria con poco más del 51 por ciento de los votos, si bien es cierto que la oposición reivindicó rápidamente su triunfo.
La comunidad internacional ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Maduro para que se revisen y publiquen los resultados detallados por colegio electoral y que el oficialismo demuestre transparencia y evidencias de su victoria.
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN VILO
Según datos publicados por la agencia EFE la inversión española en Venezuela alcanza los 507 millones de euros, además incluyendo empresas claves como Inditex, que abrió en el país latino el Zara más grande de Latinoamérica, y Repsol, que tiene ya varios años sacando petróleo en el país con una licencia especial, o Iberia que ha recuperado su ruta directa entre Madrid y Caracas.
De llevarse a cabo, la ruptura de relaciones sería un autogol de parte de las autoridades venezolanas. El Gobierno asumió las elecciones del pasado 28 de julio, cuyos resultados no quisieron aceptar, precisamente con la idea de normalizar relaciones a nivel internacional. Además de castigar a los españoles que siguen en Venezuela, y a los miles de venezolanos en España, que necesitan de los consulados para que se les permita su derecho a la identidad y pasaporte.
