El Congreso de los Diputados inicia la tramitación de una reforma legal clave para disolver fundaciones que hagan apología del franquismo. Esta iniciativa, impulsada por el PSOE, modifica la Ley Reguladora del Derecho de Asociación y se alinea con la Ley de Memoria Democrática. El objetivo principal es establecer un mecanismo legal claro y conciso para la disolución de entidades que enaltezcan la dictadura franquista y humillen a sus víctimas.
Disolución de fundaciones franquistas
La reforma introduce una disposición adicional en la Ley de Asociaciones, estableciendo la «realización de actividades que constituyan apología del franquismo» como causa de disolución. Esta apología se define como el ensalzamiento del golpe de Estado de 1936, la dictadura o sus dirigentes, así como el menosprecio y humillación a las víctimas del franquismo. También se incluye la incitación directa o indirecta al odio y la violencia contra las víctimas.
Es crucial destacar que la disolución solo se podrá llevar a cabo mediante resolución judicial, a instancias del Ministerio Fiscal. Este procedimiento garantiza el respeto al derecho de defensa y evita arbitrariedades. Además, la reforma clarifica que la disolución se aplicará independientemente de los fines teóricos y actividades reflejados en los estatutos de la asociación, y de si esta se encuentra inscrita en el registro correspondiente. Este último requisito se considera meramente a efectos de publicidad.
El impacto de la reforma en la memoria histórica
Esta reforma legal tiene un profundo significado en el contexto de la memoria histórica en España. Representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad del franquismo y el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. Al establecer la apología del franquismo como causa de disolución de asociaciones, se pretende evitar la perpetuación de ideologías antidemocráticas y la glorificación de un régimen dictatorial.
La tramitación de esta reforma ha generado un intenso debate político y social. Se espera que la nueva legislación tenga un impacto considerable en el panorama asociativo español, particularmente en aquellas fundaciones que, hasta ahora, han mantenido una línea de defensa y exaltación del franquismo. Se abre un nuevo escenario en el que la justicia podrá actuar para disolver estas entidades y, con ello, contribuir a la construcción de una memoria histórica más completa y democrática.
Además de la disolución de fundaciones, la reforma podría tener implicaciones en otros ámbitos como la retirada de simbología franquista, la reinterpretación de espacios públicos y la promoción de la investigación histórica. Se trata de un proceso complejo que requiere un enfoque integral y la implicación de diferentes actores sociales e instituciones.
La aplicación de esta ley requerirá una interpretación judicial rigurosa y precisa de los conceptos de «apología del franquismo», «menosprecio» y «humillación» a las víctimas. Es fundamental garantizar que la aplicación de la ley se ajuste a los principios de legalidad y proporcionalidad, evitando cualquier tipo de censura o restricción de la libertad de expresión que no esté debidamente justificada.
