Un informe encargado por Plena Inclusión ha advertido de las «situaciones de indefensión» que está causando la Ley 8/2021 que elimina la incapacitación judicial, como pérdida de beneficios fiscales o de prestaciones sociales.
Entre las principales «lagunas y conflictos» normativos que está provocando la interpretación de esta norma, el estudio señala: pérdida de beneficios fiscales, pérdida de prestaciones sociales, dificultades en el acceso y contratación de productos bancarios, pérdidas de derechos de trabajadores en convenios colectivos o falta de acceso al beneficio de la asistencia jurídica gratuita en los expedientes de jurisdicción voluntaria.
Así se recoge en el informe ‘Efectos colaterales de la Ley 8/2021 por la cual se reforma la legislación civil y procesal para acabar con el régimen de incapacitación y reconocer el pleno derecho de todas las personas, incluidas aquellas con alguna discapacidad intelectual y del desarrollo, a realizar diversos actos jurídicos’.
Está teniendo unos efectos que suponen un retroceso en derechos adquiridos por las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que les dejan en situaciones de indefensión», ha advertido la presidenta de Plena inclusión, Carmen Laucirica, durante la presentación del informe, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid.
El documento, elaborado por la entidad Gentium a instancias de Plena inclusión, está dirigido a profesionales del derecho (especialmente a abogados y abogadas) y pretende facilitar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través del asesoramiento jurídico y la litigación.
Además, el informe ofrece a los y las profesionales del derecho diversas líneas de argumentación y defensa para evitar dichos efectos indeseados de la aplicación de esta ley.
