Bustinduy aboga por la intervención en los precios del mercado de la vivienda

La pandemia y sus efectos han puesto de manifiesto los desajustes del actual sistema económico y social. La crisis provocada por el «colapso de la globalización» ha evidenciado problemas estructurales que deben ser abordados. Uno de los aspectos más preocupantes es la situación de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades, donde el derecho a una vivienda digna se ve seriamente amenazado.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha insistido en la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda para garantizar el acceso a una vivienda asequible. Además, ha propuesto medidas complementarias, como la prohibición de compra de inmuebles en zonas tensionadas si no se destina a vivir o al alquiler asequible, la prohibición de registro de nuevas viviendas turísticas o el gravamen fiscal del uso turístico de las viviendas.

LA RELEVANCIA DEL ENTORNO DIGITAL EN LA NUEVA VIDA PÚBLICA

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha enfatizado la necesidad de regular el entorno digital, ya que es el espacio donde las nuevas generaciones están configurando «la nueva vida pública«. Según Rego, «no basta con resistir» ante los desafíos de la actualidad, sino que es necesario «pelear por los derechos de la gente y romper con los cercos de la soledad.

El entorno digital se ha convertido en un espacio fundamental para las relaciones sociales y la participación pública, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Sin embargo, este nuevo entorno plantea desafíos que van más allá de los que enfrentábamos históricamente. Rego afirma que «tenemos un problema como sociedad al que se hace complicado dar respuestas porque no es solamente que estamos ante el colapso de la civilización, es que además las relaciones están configuradas en un espacio que ya no es en el que nos hemos relacionado históricamente«.

LA NECESIDAD DE UNA INTERVENCIÓN REGULATORIA EN EL ENTORNO DIGITAL

Ante este escenario, Sira Rego considera que es imprescindible que los poderes públicos intervengan y regulen el entorno digital. Esta regulación debe tener como objetivo proteger los derechos de la ciudadanía y garantizar que el espacio digital se convierta en un entorno seguro y favorable para el desarrollo de la nueva vida pública.

La nueva vida pública que se está configurando en el entorno digital debe ser salvaguardada y fortalecida a través de una intervención regulatoria que garantice la privacidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades en este nuevo espacio de interacción social y participación ciudadana. Solo así podremos asegurar que las generaciones más jóvenes puedan desarrollarse en un entorno digital que respete y proteja sus derechos.