La profesionalidad y el compromiso de los abogados españoles son indiscutibles. Sin embargo, el sistema de previsión social que les ha regido hasta ahora ha demostrado ser ineficaz e insostenible. Ante esta situación, los profesionales de la judicatura han salido a las calles de Madrid para reclamar una solución que les garantice unas pensiones dignas a la altura de su trayectoria.
La Búsqueda de una Solución Sostenible
Los abogados afectados por la mutualidad, organizados en la Asociación Nacional de Afectados por la mutualidad de la Abogacía (Anama), han presentado una propuesta a la Seguridad Social que busca convertir las cuotas destinadas al «Fondo Acumulado» en años cotizados en el Régimen Especial de Autónomos (RETA). Esta solución, respaldada por informes económicos y jurídicos de universidades españolas, se plantea como una alternativa «sostenible» para garantizar unas pensiones dignas a estos profesionales.
La Responsabilidad del Estado
Los manifestantes han exigido «responsabilidad» al Gobierno por la «dejadez» en la supervisión de las mutualidades, denunciando que hay casos de abogados que «se van a ver con 400 euros de pensión e incluso menos. Desde Anama, se defiende que esta propuesta tiene en cuenta «a todo el colectivo» y no solo a los casos más vulnerables, buscando una solución justa y equitativa para todos los profesionales.
El Futuro de las Pensiones de los Abogados
La conversión del Fondo Acumulado en años cotizados en el RETA se presenta como una opción viable, ya que contempla mecanismos de arbitraje similares a los planes de pensiones para hacer líquidas las aportaciones y evitar riesgos de descapitalización en las mutualidades. Además, la propuesta incluye la posibilidad de ampliar la cuantía de las bases de cotización, buscando garantizar unas pensiones dignas para los abogados.
En definitiva, los profesionales de la judicatura han alzado su voz para reclamar una solución justa y sostenible que les permita disfrutar de unas pensiones acordes a su trayectoria y compromiso con la sociedad española. La responsabilidad recae ahora en las autoridades competentes, que deberán atender las demandas de este colectivo y encontrar una solución que garantice la dignidad y el bienestar de los abogados en su jubilación.
