La financiación territorial es un tema de gran relevancia en la agenda política española, y recientemente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su firme oposición a la posibilidad de crear un concierto económico en Cataluña.
En una entrevista durante el VI Foro Tax Global Meeting, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dejado claro que este tipo de acuerdo supondría un «grave atentado al principio de igualdad» y un «troceo de la riqueza nacional».
LA NEGATIVA AL CONCIERTO ECONÓMICO CATALÁN
Ruiz Molina ha argumentado que el concierto económico catalán implicaría un «sistema de financiación específico» que conllevaría a una desigualdad en la distribución de la riqueza nacional, que «pertenece a todos y está al servicio del interés general». Según el consejero, este tipo de acuerdo bilateral supondría que el Estado dejará de ejercer las competencias constitucionales de «redistribución de la renta y la cohesión territorial», lo cual rechaza firmemente.
En su opinión, es necesario un sistema de financiación que «garantice a la ciudadanía la igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales«. Por lo tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha se opone a cualquier modelo que se negocie de manera bilateral, ya que esto podría afectar al futuro de la financiación del resto de las comunidades autónomas.
LA NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA DEUDA
Además de la posición respecto al concierto económico, Ruiz Molina también ha puesto de manifiesto la necesidad de una reestructuración de la deuda de Castilla-La Mancha. Según el consejero, esto se debe a dos factores clave: por un lado, el actual modelo de financiación se ha comportado de forma errónea, lo que ha perjudicado a comunidades como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia; y por otro, una parte de la deuda se ha generado como «consecuencia de la crisis financiera del 2007 y de la caída brutal de esos ingresos«.
En este sentido, Ruiz Molina ha expresado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está dispuesto a dialogar con el Estado para lograr una reestructuración de la deuda, lo que les ahorraría una importante carga de intereses. Además, ha solicitado la condonación de la deuda y la aprobación de un fondo transitorio que compense a las comunidades que han sido infrafinanciadas por el actual modelo.
LA PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN FISCAL
Por último, el consejero también ha apoyado la Ley de Armonización Fiscal, ya que considera que es necesario que «los ciudadanos paguen en función de su capacidad económica y no del territorio donde vivan», tal como establece la Constitución. Esta medida busca garantizar la igualdad en el sistema tributario, evitando desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas.
En resumen, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dejado claro su rechazo al concierto económico en Cataluña, considerándolo un «grave atentado al principio de igualdad» y un «troceo de la riqueza nacional». Además, ha manifestado la necesidad de reestructurar la deuda de la comunidad y ha apoyado la Ley de Armonización Fiscal como una medida para garantizar la igualdad en el sistema tributario. Estas posiciones reflejan la importancia que el Gobierno de Castilla-La Mancha otorga a la equidad y la cohesión territorial en la financiación autonómica.
