El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la implementación de un ambicioso plan de formación en lenguas oficiales para el personal de la Administración General del Estado (AGE). Este plan, que alcanzará a mil funcionarios de seis comunidades autónomas, tiene como objetivo mejorar la atención al ciudadano en sus lenguas maternas.
La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por preservar y promover la riqueza lingüística de España, una diversidad que se refleja en el modelo de Estado de las Autonomías. Desde una perspectiva de derechos humanos, el ministro ha destacado que «con el respeto a las lenguas maternas se preservan conocimientos, se protege la diversidad cultural y se garantizan los derechos lingüísticos de los ciudadanos».
Recuperación y Protección de las Lenguas Cooficiales
Durante el franquismo, estas lenguas solo pudieron mantenerse «en la intimidad de los hogares», lo que, a juicio de Torres, permitió «recuperar el tiempo perdido» y reconstruir el reconocimiento de esta diversidad lingüística. Ahora, el Gobierno busca dar un paso más en esta senda de avance, consolidando los derechos de los ciudadanos.
En este sentido, el ministro ha destacado dos importantes hitos: la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para permitir el uso de las lenguas oficiales, y la solicitud del Gobierno a la Unión Europea para incluir estas lenguas como lenguas oficiales de la UE. Estas medidas, según Torres, son «un signo de avance y un ejemplo de materialización de nuestros derechos democráticos».
Sinergia entre Política y Academia
La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha resaltado el papel fundamental de la comunidad académica en la defensa y promoción de las lenguas cooficiales. Morant ha puesto en valor «el trabajo de investigadores e investigadoras que, desde las universidades y centros de investigación, desde las Reales Academias o las distintas instituciones autonómicas, se dedican a la difusión y protección de nuestras lenguas cooficiales».
En este sentido, la visita del Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, que valoró «muy positivamente» las iniciativas del Gobierno, evidencia la importancia de la sinergia entre las políticas públicas y la labor académica en la preservación de la diversidad lingüística.
En definitiva, el plan de formación en lenguas oficiales para la Administración Pública, junto con otras medidas impulsadas por el Gobierno, representan un paso significativo en el camino hacia un reconocimiento pleno de la riqueza idiomática de España, una riqueza que define la esencia de nuestro Estado de las Autonomías y que debe ser protegida y promovida.
