La Ley de Movilidad Sostenible es una iniciativa clave del Gobierno para recibir un nuevo desembolso de fondos europeos. Esta normativa tiene como objetivo principal descarbonizar el transporte, reconocer la movilidad como un derecho y aumentar la eficiencia del gasto público, así como digitalizar el sector.
Sin embargo, el Partido Popular (PP) ha presentado una enmienda a la totalidad solicitando la devolución del texto al Ejecutivo, argumentando que la ley no establece objetivos ni compromisos nacionales concretos y medibles.
Según el PP, el proyecto se limita a configurar un entramado de órganos y comisiones de consulta y asesoramiento que carecen de capacidad ejecutiva. Además, critican que la ley «es ajena a la realidad económica, social y ambiental del país» y no aborda temas críticos como los derechos de los trabajadores de las plataformas ‘riders’.
La Falta de Medidas Concretas y Responsabilidades Ejecutivas
El Grupo Popular señala que la norma presentada por el Gobierno no menciona plazos transitorios, cronogramas de ejecución de medidas, obligaciones de ciudadanos y empresas, ni previsión de inversiones públicas cuantificables. Asimismo, consideran que el proyecto tampoco identifica los órganos competentes responsables de materias clave como la distribución urbana de mercancías, la regulación del reparto en vehículos ligeros o los requisitos exigidos a las plataformas tecnológicas del transporte.
Para el PP, esta «ley vacía de contenido ejecutivo» carece de órganos y directivos públicos responsables directos de su ejecución. Argumentan que los organismos contemplados en la ley, como el Foro Administrativo de Movilidad, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible o el Espacio de Datos Integrado de Movilidad, no tienen capacidad ejecutiva, lo que pone en duda la efectividad de la normativa.
La Necesidad de Cambios Fiscales y Soluciones para la Movilidad Rural
Además, el Grupo Popular sostiene que el proyecto no establece ningún cambio en el sistema tributario que permita una confluencia entre la política de movilidad y la fiscalidad. Consideran que, sin cambios fiscales que favorezcan los nuevos modelos más eficientes y sostenibles, será difícil avanzar en la transformación del sistema de movilidad.
Por último, el PP critica que la ley «no apunta soluciones de movilidad rural operativa y financieramente viables» y tampoco prevé «un sistema claro de apoyo estatal a la movilidad sostenible en zonas escasamente pobladas». Esta es una preocupación importante, ya que la movilidad en áreas rurales suele ser un desafío adicional que requiere soluciones específicas.
En resumen, la Ley de Movilidad Sostenible se enfrenta a una fuerte oposición por parte del Partido Popular, que considera que el proyecto carece de medidas concretas, responsabilidades ejecutivas claras y cambios en el sistema tributario necesarios para impulsar una transformación efectiva del sistema de movilidad en España.
