En un giro dramático de eventos, la Fiscalía Provincial de Valencia se ha visto obligada a intervenir en un caso de presuntas terapias de conversión sexual aplicadas a estudiantes de un colegio concertado en la ciudad de Alaquàs.
La fiscal delegada de delitos de Odio, Susana Gisbert, ha presentado una denuncia formal ante el Juzgado Decano de Torrent, buscando esclarecer los hechos y determinar si se han cometido delitos relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como posibles atentar contra la integridad moral de los afectados.
Las investigaciones se han iniciado a raíz de las denuncias presentadas por exalumnos del colegio Madre Josefa Campos, quienes acusan a un docente de someterlos a este tipo de prácticas controvertidas. Según las declaraciones de los jóvenes, el profesor les habría ofrecido incluso una «pastilla para curar la homosexualidad», lo que sugiere un intento deliberado de imponer una visión ideológica sobre la orientación sexual de los estudiantes.
La Denuncia Formal y el Papel de la Fiscalía
La fiscal Susana Gisbert ha interpuesto una denuncia formal contra el docente implicado, remitiendo las diligencias al Decanato de los Juzgados de Torrent para que se encarguen de la investigación correspondiente. Esta acción de la Fiscalía refleja la gravedad de los hechos denunciados y la determinación de las autoridades por esclarecer la verdad y, de ser necesario, proceder con las acciones legales pertinentes.
Es importante destacar que la representante del ministerio público ha señalado que los hechos podrían ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como contra la integridad moral, tal como se establece en el artículo 510 del Código Penal. Sin embargo, la calificación jurídica final quedará sujeta a los resultados de la investigación en curso.
El Papel de las Instituciones Educativas y Religiosas
Tras conocerse las denuncias, la Conselleria de Educación anunció que pondría en conocimiento de la Fiscalía la denuncia por estas prácticas, en línea con su compromiso de velar por el bienestar y los derechos de los estudiantes. Por su parte, el Arzobispado de Valencia manifestó que, a pesar de no tener constancia de la realización de estas terapias, llevaría a cabo una investigación sobre las actuaciones denunciadas.
En cuanto al Centro de Orientación Familiar (COF) Mater Misericordiae, donde el docente acusado presuntamente dirige actividades, la institución ha señalado que no ha recibido «ninguna queja de personas que hayan sido atendidas» y que el centro «no es un organismo oficial de la Diócesis, sino una asociación pública de fieles, que tiene sus propios estatutos».
La Asociación Española contra las Terapias de Conversión también ha anunciado que acudirá a la Fiscalía Provincial de Valencia para sumarse a la investigación y contribuir al esclarecimiento de este caso tan delicado.
En resumen, este escándalo ha desencadenado una reacción inmediata de las autoridades educativas, judiciales y religiosas, quienes parecen determinadas a abordar el asunto con la seriedad y el rigor que el caso requiere. La sociedad en su conjunto espera que se llegue a la verdad de los hechos y que se tomen las medidas necesarias para prevenir y sancionar cualquier intento de vulnerar los derechos y la integridad de los estudiantes.
