El Congreso pone a prueba la Ley de Movilidad Sostenible, mientras el PP pide su devolución

El Gobierno Español se ha comprometido a aprobar la Ley de Movilidad Sostenible antes de finalizar el año para poder recibir un nuevo desembolso de fondos europeos. Esta ley, que será sometida a su primer examen en el Congreso este jueves, tiene como objetivo descarbonizar el transporte, reconocer la movilidad como un derecho y aumentar la eficiencia del gasto público, así como la digitalización del sector.

Sin embargo, el Partido Popular (PP) ha presentado una enmienda a la totalidad, solicitando la devolución del texto al Ejecutivo. Según el PP, la norma propuesta por el Gobierno «no establece objetivos ni compromisos nacionales concretos y medibles que den respuesta a los retos que presenta la transformación del sistema de movilidad en España.

La Crítica del Partido Popular

El PP argumenta que la Ley de Movilidad Sostenible carece de plazos transitorios, cronogramas de ejecución de medidas, obligaciones de ciudadanos y empresas, y previsión de inversiones públicas cuantificables. Además, señalan que el proyecto no identifica los órganos competentes responsables de aspectos clave como la distribución urbana de mercancías, la regulación del reparto en vehículos ligeros o los requisitos exigidos a las plataformas tecnológicas del transporte.

Asimismo, el PP considera que la ley «no aborda con valentía temas críticos como los derechos de los trabajadores de las plataformas ‘riders'». Según los ‘populares’, el proyecto se limita a configurar un entramado de órganos y comisiones de consulta y asesoramiento que «en ningún caso asumen compromisos ni responsabilidades específicas».

La Necesidad de un Enfoque Integral

El PP también critica que el proyecto «es ajeno a la realidad económica, social y ambiental del país», al no abordar adecuadamente el estado del parque de vehículos motorizados actual y su impacto negativo en las ciudades en términos de contaminación, congestión y accidentalidad. Según el PP, la solución pasa por la renovación del parque y la adopción del vehículo eléctrico.

Además, el Grupo Popular sostiene que la ley «no establece ningún cambio en el sistema tributario que permita una confluencia entre la política de movilidad y la fiscalidad». Para el PP, sin cambios fiscales que favorezcan los nuevos modelos más eficientes y sostenibles, «será difícil avanzar».

Por último, el PP critica que la ley «no apunta soluciones de movilidad rural operativa y financieramente viables» y tampoco prevé «un sistema claro de apoyo estatal a la movilidad sostenible en zonas escasamente pobladas».

En resumen, el Partido Popular considera que la Ley de Movilidad Sostenible presentada por el Gobierno es «una ley vacía de contenido ejecutivo y que carece de órganos y directivos públicos que sean responsables directos de su ejecución». Por lo tanto, la formación política ha presentado una enmienda a la totalidad, solicitando la devolución del texto al Ejecutivo para que se elabore una propuesta más integral y efectiva.