Según Montero, la Agencia Tributaria catalana es constitucional y puede recaudar y gestionar todos los impuestos

La controversia en torno a la Agencia Tributaria y el acuerdo fiscal entre el PSOE y ERC en Cataluña ha generado un intenso debate político. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la constitucionalidad de que las comunidades autónomas puedan actuar como delegados o colaboradores del Estado en la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios.

Por su parte, el PP ha alertado del riesgo de «fragmentar» la Agencia Tributaria, advirtiendo que esto podría repercutir en el control sobre el fraude y considerándolo inconstitucional.

La coordinación de las agencias tributarias

Montero ha recordado que en España existen diferentes administraciones tributarias que deben establecer una tarea de coordinación para perseguir el fraude fiscal y tener información fiable de todos los contribuyentes, independientemente de dónde se recauden los impuestos. Este es un modelo ensayado en el país, donde las diferentes entidades tributarias colaboran para lograr que cada contribuyente aporte a la Bolsa Común en función de lo que tienen en cuenta.

La ministra se ha mostrado confiada en esa coordinación entre las distintas administraciones territoriales y la Agencia Tributaria estatal, destacando la capacidad de sumar esfuerzos entre ellas.

La polémica con Illa y Pujol

Durante la sesión de control, el senador del PP, Salvador de Foronda, ha hecho referencia al encuentro entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente catalán Jordi Pujol. De Foronda ha acusado a Illa de decirle a Pujol que su expediente «por haber defraudado» al Estado «irá a la papelera y volverá a ser honorable».

Ante estas acusaciones, la ministra Montero ha reprochado al senador del PP que haga afirmaciones de este tipo sin tener pruebas que las avalen, pidiendo que las retire.

La senda de estabilidad y la negociación fiscal

En sus respuestas, la ministra Montero ha cargado contra el PP por adelantar su rechazo a la senda de estabilidad presentada por el Gobierno, a pesar de que el Ejecutivo ha aplazado su tramitación al no contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante.

Además, Montero ha criticado al PP por negar que las comunidades autónomas tengan menor capacidad de gasto al no estar aprobada la senda de estabilidad financiera.

Ante las reivindicaciones del PP de negociar la reforma del sistema de financiación autonómica de manera multilateral, la ministra ha apostado por combinar esta forma de negociar con la bilateralidad con los territorios. Sin embargo, ha insistido en la corresponsabilidad fiscal como condición para que la solidaridad se mantenga en los mismos términos tras el concierto económico para Cataluña, señalando a las comunidades del PP por sus bajadas de impuestos.