La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha revelado este martes las preocupantes condiciones de salud que viven las personas con adicciones recluidas en las prisiones españolas. Según la entidad, esta situación vulnera los derechos fundamentales de estos individuos y representa una forma de discriminación, por lo que han exigido mejoras urgentes en la atención sanitaria brindada a este colectivo.
La Comisión de Adicciones y Justicia Penal de UNAD, coincidiendo con el Día de la Merced, patrona de las prisiones, ha compartido un manifiesto con diversas administraciones, colegios profesionales y otros agentes implicados. En este documento, denuncian que la insuficiente atención médica que reciben las personas con adicciones en prisión no solo agrava su situación de vulnerabilidad, sino que también perpetúa su exclusión social y el consumo problemático.
Infraestructuras Obsoletas y Falta de Personal Médico
Según el estudio «La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas, una visión con perspectiva de género», elaborado recientemente por UNAD, el 40% de las personas encuestadas, tanto hombres como mujeres, valoran como «mala» la atención sanitaria recibida en los centros penitenciarios.
Esto se debe, en gran medida, a que las infraestructuras médicas de muchas de estas instituciones están obsoletas, carecen de equipos adecuados y de las instalaciones necesarias para brindar una atención de calidad.
Además, la Comisión de Adicciones y Justicia Penal lamenta la falta de personal médico en las prisiones españolas. De acuerdo con el manifiesto, en España hay una ratio de 5,2 médicos por cada 1.000 personas presas, una cifra muy por debajo del 8,0 de media en Europa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Graves Problemas de Salud Mental y Falta de Tratamiento
Las personas expertas también alertan de un exceso de medicalización que puede derivar en mayores problemas de consumos problemáticos; un fuerte deterioro de la salud mental debido a la insuficiencia de atención psiquiátrica y la falta de personal especializado; así como un aumento de problemas físicos, autolesiones graves y una mayor conflictividad dentro de los centros penitenciarios.
Además, han manifestado su preocupación por la falta de unidades específicas de tratamiento de adicciones. De hecho, el estudio citado anteriormente revela que el 65% de las participantes no recibe un tratamiento para frenar el consumo de drogas.
Exigencias y Soluciones Propuestas
Ante esta preocupante situación, UNAD ha recordado que la población penitenciaria debe perder únicamente su derecho a la libertad, por lo que urgen a garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria para asegurar los derechos y la dignidad de estas personas. Además, han hecho hincapié en el cumplimiento de la Constitución Española y de la Ley Orgánica Penitenciaria, que en su artículo 3.4 dicta la obligación de velar por la vida, la integridad y la salud de las personas que están en prisión.
Específicamente, han pedido servicios especializados y mayor frecuencia en las atenciones, exigiendo la implementación de servicios médicos especializados que visiten regularmente los centros penitenciarios para asegurar una atención integral y continua que disminuya y atienda los problemas de salud mental y los relacionados, concretamente, con las adicciones. Además, han afirmado que es fundamental contar con la presencia de médicos y enfermeros las 24 horas del día para atender emergencias y brindar una atención adecuada en todo momento.
Por otro lado, han recalcado la importancia de establecer ratios óptimas de personal sanitario por número de personas internas, equiparándolo a la media de Europa, para garantizar una atención de calidad y reducir la carga de trabajo de los profesionales de la salud actuales.
Finalmente, han apuntado la necesidad de contar con equipos multidisciplinares que puedan coordinarse de manera real para atender las problemáticas de adicciones de manera efectiva, y han subrayado que, a pesar del esfuerzo realizado por parte de Instituciones Penitenciarias y las entidades que trabajan en prisión para mejorar la calidad de vida y la atención sanitaria de las personas presas, la falta de financiación imposibilita que esto se pueda llevar a cabo, por lo que han reclamado un mayor compromiso en este sentido.
