En una época de constantes cambios y desafíos en el sistema de salud español, un colectivo de técnicos superiores sanitarios ha alzado su voz para exigir el reconocimiento salarial que merecen. Este grupo, conformado por siete asociaciones, colegios y sindicatos, ha solicitado al Gobierno su inclusión en el proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración General de Estado (AGE) como parte del grupo B.
Sin embargo, la «pasividad» del Ejecutivo ha provocado que desde el año 2011 estos profesionales hayan sufrido una pérdida acumulada de 25.000 euros cada uno, una cifra significativa que ha afectado gravemente sus ingresos y calidad de vida. Ante esta situación, el colectivo ha presentado propuestas de enmiendas a los grupos parlamentarios, con el objetivo de impulsar su incorporación al debate en comisión parlamentaria del Anteproyecto de Ley de Función Pública.
LA APLICACIÓN DEL GRUPO B: UNA PROMESA INCUMPLIDA
Según explica el colectivo, el Gobierno incorporó el grupo B en el Estatuto Básico del Empleo Público del año 2007, pero su aplicación efectiva se vio condicionada por «una disposición transitoria que terminó por convertirse en crónica. Aunque la adaptación de las titulaciones españolas al Espacio Europeo de Educación Superior finalizó en 2011, y a pesar de la remodelación del EBEB en 2015, el grupo B no se llegó a crear. Algunas Comunidades Autónomas sí lo hicieron, lo que evidencia la falta de uniformidad en el tratamiento de este colectivo.
En este contexto, los técnicos superiores sanitarios señalan que la tramitación del Anteproyecto de Ley necesario para la aplicación del grupo B se reinicia este año 2024. Sin embargo, temen que, incluso en el mejor de los casos, su aprobación y entrada en vigor no se produzca hasta el año 2025, siempre y cuando el Gobierno logre sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
UNA PROPUESTA DE ENMIENDA PARA ACABAR CON LAS DEMORAS
Ante esta situación de retrasos y frustraciones, los técnicos superiores sanitarios han solicitado a los grupos parlamentarios que enmienden la Ley, de manera que los efectos económicos para los afectados se ajusten al compromiso adquirido por el Ejecutivo en el acuerdo marco firmado con CCOO y UGT. De esta forma, esperan evitar que se produzcan más demoras y que se reconozca finalmente su valor y dedicación dentro del sistema de salud.
Cabe destacar que la propuesta de los técnicos superiores sanitarios no solo busca una aplicación no restrictiva del grupo B, sino también un esfuerzo de modernización de la clasificación, siguiendo los pasos que se han dado con el personal laboral. Esta iniciativa refleja su compromiso con la mejora continua y la búsqueda de un sistema más justo y equitativo.
En resumen, el colectivo de técnicos superiores sanitarios se enfrenta a una lucha constante por lograr el reconocimiento salarial que merecen. Después de años de retrasos y promesas incumplidas, han intensificado sus esfuerzos para que el Gobierno y los grupos parlamentarios atiendan sus demandas, con el objetivo de alcanzar una solución justa y duradera que recompense su vital labor dentro del sistema de salud español.
