La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de aprobar las abstenciones presentadas por el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo en asuntos relacionados con la ley de amnistía ha avivado el enfrentamiento entre los bloques progresista y conservador que componen el máximo órgano jurisdiccional del país. Esta división interna se ha hecho patente en el intenso debate que ha rodeado a dicha aprobación, así como en las recusaciones presentadas contra diversos magistrados.
El Pleno del TC ha quedado profundamente dividido en torno a estos asuntos, con los seis magistrados progresistas por un lado y los cinco conservadores por otro. Esta pugna amenaza con generar un empate a cuatro a la hora de sentar posición sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, una situación que podría dificultar la resolución definitiva de esta compleja cuestión.
La abstención de Juan Carlos Campo
El ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo ha decidido abstenerse en todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía que se debaten actualmente en el TC. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que, cuando ejercía el cargo de ministro, Campo había manifestado que dicha ley era «claramente inconstitucional«.
La aprobación de estas abstenciones por parte del Pleno del TC ha sido respaldada por 11 de los 12 magistrados que participaron en la deliberación, con la única excepción de Campo. Sin embargo, el bloque conservador ha cuestionado la legitimidad de esta votación, argumentando que los magistrados recusados -Conde-Pumpido, Díez y Macías- no deberían haber participado en la misma.
Las recusaciones de magistrados
Paralelamente a las abstenciones de Campo, el TC también ha tenido que pronunciarse sobre las recusaciones presentadas contra diversos magistrados, entre ellos Conde-Pumpido, Díez, Macías y el propio Campo.
En esta ocasión, el Pleno se ha dividido entre los seis magistrados progresistas y los cinco conservadores. Los magistrados conservadores Arnaldo, Espejel y Macías han anunciado su intención de emitir voto particular, mientras que Tolosa y Enríquez también han adelantado esa posibilidad.
Desde el bloque progresista se sostiene que las recusaciones deben resolverse una a una, a medida que vayan llegando a Pleno los asuntos en los que se han formulado. Por el contrario, el bloque conservador considera que los magistrados recusados no deberían haber participado siquiera en la deliberación sobre las abstenciones de Campo.
Un escenario de empate a cuatro
De prosperar las recusaciones, el Pleno del TC quedaría dividido en un empate a cuatro entre magistrados progresistas y conservadores a la hora de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. En ese caso, el voto de calidad del presidente Conde-Pumpido, que permitiría romper el empate, se vería anulado.
No obstante, las fuentes consultadas consideran que es difícil que este escenario llegue a producirse, ya que las tachas formuladas contra Conde-Pumpido y Díez en otros asuntos, pero por motivos similares, han sido rechazadas en el pasado.
En cuanto a las recusaciones contra Campo, una vez que se ha abstenido en todos los asuntos relacionados con la amnistía, éstas decaen automáticamente. Así, se procederá al nombramiento de nuevos ponentes para cada uno de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad pendientes, a excepción de la impugnación presentada por Cantabria, que previsiblemente pasará a manos del magistrado Tolosa.
