La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid (TSJM) que elimina las zonas de bajas emisiones, conocida como Madrid 360, será recurrida por el alcalde, José Luis Martínez Almeida. No debería ser una sorpresa, después de todo a pesar de las promesas de campaña desde su llegada a la alcaldia el miembro del PP ha defendido tanto el espacio como los planes de movilidad de Madrid, y aunque la decisión de recurrir la sentencia ha caído mal a Vox, quienes originalmente pidieron el final de las ZBE en la capital, los motivos no son pocos.
No es solo el cuidar el proyecto, lo que en las declaraciones del alcalde y su Delegado de Urbanismo, Borja Carabante, se ha señalado como prioridad, sino que también se trata de la posibilidad de que se recurran hasta 330 millones de euros en multas de estos años, según los datos compartidos por el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), además de la inversión 100 millones de euros que el ayuntamiento ha hecho para ayudar a reemplazar los vehículos tradicionales que operan en la zona por los coches eléctricos que pueden circular sin problema con el reglamento que Almeida y el ayuntamiento intentan proteger.
A pesar de todo, incluso si la sentencia es firme, la posibilidad de que el ayuntamiento deba devolver estás multas no es demasiado alta. Aun así, lo mejor para evitar problemas sería que el recurso interpuesto por el ayuntamiento para evitar la anulación de las ZBE prosperara.
Por su lado, la vicelacaldesa de la ciudad, Inma Sanz, ha recordado que la estrategia fue implementada casi de emergencia, después que por varios años consecutivos la capital incumpliera las exigencias de la Directiva Europea de Calidad al Aire.
«Desde hace dos años estamos cumpliendo y estamos cumpliendo porque esa estrategia ha sido un éxito. Por lo tanto, vamos a trasladar al Tribunal esos argumentos precisamente para tratar de convencerles de que efectivamente ese estudio estaba bien hecho, estaba bien realizado y que la estrategia está funcionando», defendió Sanz en una reciente entrevista de Telemadrid recogida por El Debate.
Vox, por su lado, ha aprovechado la oportunidad para atacar a Almeida con el mismo tono que atacan a Pedro Sánchez a nivel nacional, al menos así lo ha hecho su portavoz en el grupo municipal de la capital, Javier Ortega Smith, quien no solo dijo que esperaba que se empezara a cumplir la sentencia mientras la misma era recurrida en el congreso, sino que además llegar pedir su dimisión.
«Debería presentar su dimisión por haber mentido a los madrileños y por haber quedado absolutamente desacreditado en todas las mentiras de este Madrid Central, que se ha demostrado que no era otra cosa que una fabulosa maquinaria de recaudación de dinero, con cerca de un millón de euros impuestos todos los días», aseguró el portavoz de Vox en declaraciones recogidas por ABC.
DEVOLVER LAS MULTAS NO ESTÁ EN LOS PLANES INMEDIATOS
Mientras tanto, desde el ayuntamiento no está en los planes devolver las multas que se han pagado hasta la fecha, entre otras cosas, por qué confían en su recurso. Lo cierto es que desde el ayuntamiento se insiste en la eficacia de Madrid 360 como medida para generar una ciudad más limpia y más respirable, literalmente.
De igual modo, la AEA ha recomendado recurrir las multas, incluso si ya se han pagado. Pero a pesar de esta situación, es complicado que se recuperen las multas pagas que ya tengan una sentencia firme, aunque la situación actual puede ser un escape para aquellos que todavía se encuentran en el proceso legal.
EL GOBIERNO NACIONAL DEFIENDE LAS ZBE
A esto se suma que el Gobierno ha instado al ayuntamiento a defender sus Zonas de Bajas Emisiones, sobre todo por el esfuerzo de otras Comunidades Autonomas por aplicar medidas similares. Desde la cartera de Óscar Puente defienden que las ZBE «han demostrado su eficiencia para reducir la contaminación y la congestión, y mejorar la movilidad, la salud y la vida de los ciudadanos».
Señalan, además, que los estudios demuestran que son las personas más vulnerables las mayores víctimas de la contaminación y quienes más sufren que las ciudades no apuesten por una movilidad sostenible.
«Aunque para su implantación deben buscarse las medidas que no produzcan un efecto discriminatorio, en realidad no hay mayor efecto discriminatorio que no intervenir en nuestras ciudades para promover una movilidad sostenible, activa, sana y segura», añaden.
