La Unión Europea se encuentra en un momento crítico en relación a la regulación de la pesca de anchoa en las aguas atlánticas ibéricas. La Comisión Europea ha propuesto una drástica reducción de las cuotas de captura de este valioso recurso marino, lo que ha generado una fuerte reacción de oposición por parte de 13 países miembros.
El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado la medida como «carente de sentido político», señalando que tendría graves consecuencias socioeconómicas para la flota pesquera de la región. Ante esta situación, diversos países han mostrado su apoyo a las demandas de España, exigiendo a la Comisión que revise su propuesta y tenga en cuenta el impacto ambiental, económico y social de estas decisiones.
La Propuesta de la Comisión Europea y sus Implicaciones
La Comisión Europea ha planteado reducir las cuotas de anchoa en las aguas atlánticas ibéricas en un 54% para los años 2024 y 2025. Esta medida, basada en un dictamen del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM), establecería un límite de capturas de apenas 969 toneladas en la zona sur de la región.
Esta drástica reducción podría suponer el cierre de la pesquería para unos 75 buques en el Golfo de Cádiz, lo que tendría graves consecuencias para las comunidades costeras y la industria pesquera de la zona. Además, la Comisión propone aplicar esta medida de forma retroactiva a partir del 1 de julio de 2024, lo que agravaría aún más la situación.
La Oposición Unánime de los Estados Miembros
Ante esta situación, un total de 13 países de la Unión Europea han manifestado su rechazo a la propuesta de la Comisión. Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos y Portugal han expresado su preocupación y han pedido a Bruselas que tenga en cuenta las consecuencias socioeconómicas de este tipo de decisiones.
La delegación portuguesa, cuyo litoral también se vería afectado, ha instado a «evitar medidas tan restrictivas» y ha expresado su «apoyo incondicional» a las demandas de España. Asimismo, el secretario de Estado de Pesca de Países Bajos, Jean Rummenie, ha señalado que «la interrupción de las pesquerías debe ser el último recurso» y ha instado a la Comisión a «ser capaz de rectificar».
En este contexto, los países miembros han recordado a la Comisión que debe respetar los tres pilares de la Política Pesquera Común: el impacto medioambiental, económico y social a la hora de imponer este tipo de medidas. La falta de dictámenes científicos válidos y el momento político transitorio en el que se plantea esta propuesta han sido también elementos clave en la oposición de los Estados miembros.
