La justicia argentina ha dictado una sentencia que ha bloqueado al que algunas fuentes consideran el mayor proveedor de IPTV ilegales de Latinoámerica, Magis TV. Esta resolución conlleva la orden de que Google tendrá que impedir el uso de Magis TV en el sistema operativo Android. La orden tiene relevancia en el ámbito jurídico, dado que la aplicación de este criterio en otros países podría suponer un golpe importante en la lucha del fraude audiovisual.
De acuerdo con una información de 2PlayBook, LALIGA “ha colaborado en el proceso aportando informes técnicos a la justicia”, y señalan desde la patronal que llevan “muchos años luchando contra el fraude audiovisual, conscientes de que supone unas pérdidas anuales de entre 600 millones y 700 millones de euros a nuestros clubes”.
Esta sentencia acarrea para Magis TV el bloqueo de todos los dominios, e incluso si llegan a cambiar las direcciones web donde estaban alojadas. Una medida que tendría efecto retroactivo a todos los usuarios que previamente ya tuvieran descargada la aplicación antes de la entrada en vigor de la sentencia. En este sentido, Javier Tebas ha aclarado al mismo medio que “Android disponía de esos mecanismos de seguridad para hacerlo, y LALIGA se lo había solicitado en numerosas ocasiones ya, pero ahora no tendrá otra alternativa que ejecutarlo por esta sentencia”.
Con esta resolución en Argentina, se han desmantelado 675 webs y 14 aplicaciones de streaming, y se han producido cinco detenciones de personas localizadas en Argentina y Brasil acusadas de violar la Ley de Propiedad Intelectual. Los detenidos se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. Además, gracias a esta operación, nombrada “Operación 404”, se ha podido obtener la inhabilitación de otras plataformas que cometían fraude audiovisual como Mospy TV y Federico TV.
Javier Tebas se ha pronunciado también esta mañana en el Nueva Economía Forum sobre esta sentencia y sobre la problemática que supone para el ecosistema del fútbol los efectos del fraude audiovisual. Al respecto, el presidente de la patronal ha indicado que “del fraude audiovisual debemos tomar conciencia. Es el principal reto de industria del deporte, y es incluso más importante que las nuevas competiciones, ya que este es en el corto plazo. Si en 2-3 años no cambia está dinámica, se producirá una disminución importantísima de ingresos audiovisuales”. Tebas ha advertido también que, debido al nivel de piratería actual, la aportación que la patronal hace al CSD de 200 millones para deportistas de élite y acontecimientos deportivos internacionales, se “iría a la mitad”, con el riesgo de desaparición de clubes y bajada de salarios de jugadores de otras categorías.
De acuerdo con datos de LALIGA, la piratería provoca unas pérdidas a los clubes de entre 600 y 700 millones de euros anuales. Asimismo, según diversos estudios internacionales, como el publicado la encuestadora YouGov, y al que ha hecho referencia Tebas en su intervención de esta mañana, solamente en España, el 40% de la población admite que piratea contenido audiovisual. “Las grandes tecnológicas deben dejar de colaborar con la piratería”, ha incidido el máximo mandatario de LALIGA.
A este respecto, en las últimas semanas Tebas ha señalado que “si Google colaborase podría suprimir el 80% de la piratería”. Es por ello, que la sentencia que se ha producido en Argentina, en la que se indica que la compañía tecnológica debe actuar también inutilizando apps en el sistema operativo Android, es un cambio relevante respecto a dictámenes anteriores en otros países. En este contexto, Tebas en su discurso de esta mañana también ha apuntado que en España “en el verano de 2023 denunciamos a Google 140 aplicaciones piratas, que retiró de la Store, pero que luego se mantienen en los teléfono. A los 15 días de esas denuncias, hubo sólo en España 800.000 descargas piratas en Android, en iOS fueron 230.000, y ya en el mundo hubo 8.000.000 millones de descargas que todavía continúan en los dispositivos”.
A nivel nacional se han producido resoluciones judiciales recientes en el ámbito del fraude audiovisual como la dictada en Madrid, que terminó con la condena a dos vendedores de decodificadores adulterados a seis meses de prisión y a una sanción de 540 euros. Otro de los casos destacados ha sido en Málaga, donde un operador ha sido condenado a medio año de prisión y a una sanción económica de 1080 euros, adicionalmente a una compensación por responsabilidad civil a LALIGA, Mediapro y Telecomunicaciones Públicas Andaluzas de 15.000 euros. Por último, en Barcelona, un juzgado de lo penal también ha condenado a un vendedor de decodificadores modificados para cometer fraude con una multa de 1.350 euros y un año de prisión.
