El reciente anuncio del juez Manuel García-Castellón de demandar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por llamarlo «corrupto» y acusarlo de prevaricar, ha puesto de manifiesto una creciente preocupación en el seno del poder judicial.
El ex-titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ha denunciado enérgicamente la «inconcebible» situación en la que los jueces se ven sometidos a «amenazas, insultos y calumnias» desde otros poderes del Estado.
Según García-Castellón, esta práctica es «absolutamente incomprensible» en el sistema anglosajón y lamenta que se haya «instalado esta moda» en España. El juez ha sido enfático al señalar que los miembros de la carrera judicial se enfrentan a una «espada de Damocles sobre la cabeza» debido a las querellas criminales que se interponen en su contra, lo que les lleva a ser extremadamente cautelosos en sus decisiones, llegando incluso a evitar autorizaciones judiciales por temor a sufrir las mismas consecuencias.
La Falta de Protección Institucional
El problema, tal y como lo expone García-Castellón, radica en la «desprotección» que enfrentan los jueces ante estas «barbaridades» que se profieren «con absoluta frivolidad» desde otros poderes. El juez lamenta que la Fiscalía General del Estado, encargada de la defensa de la independencia judicial, no brinde la protección necesaria en estos casos.
García-Castellón ha puesto de ejemplo la situación que vivió cuando tuvo que viajar a Washington, donde los jueces cuentan con un nivel de protección que «es la que debe ser», en contraste con la realidad española, donde los magistrados están sujetos a «responsabilidad penal, civil y disciplinaria» por «cualquier lado». Esto, según el juez, los convierte en «un blanco fácil» ante una confrontación política que «desciende a otros niveles» y que transforma a los jueces en «banderas políticas».
El Llamado a la Cordura
Ante este panorama desolador, García-Castellón ha hecho un llamado a la cordura, advirtiendo que «así no vamos a ningún sitio». El juez ha denunciado que se está «jugando con las instituciones del Estado» de manera «desgraciadamente» frívola, sin tener en cuenta las graves consecuencias que esto puede acarrear.
En este sentido, el magistrado ha sido contundente al señalar que «todo es un juego de frivolidad», y ha expresado su preocupación por las «manos atadas» con las que cuentan los jueces, lo que los convierte en «un blanco fácil» ante los ataques de los diversos actores políticos.
La denuncia de García-Castellón pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar esta problemática y garantizar la independencia y protección de los miembros del poder judicial, pilar fundamental de un Estado de Derecho. Solo así podrán cumplir su labor con la serenidad y la imparcialidad que la sociedad demanda.
