En un momento de gran tensión política, el Gobierno español se enfrenta a una acalorada controversia por la decisión del Ministerio del Interior de deportar a solicitantes de asilo saharauis que se encuentran retenidos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Esta medida, anunciada por el ministro Grande-Marlaska, ha generado una fuerte reacción por parte de Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, que ha exigido una rectificación y ha denunciado las graves consecuencias que podrían tener para estos activistas su regreso a Marruecos.
La diputada de Sumar en el Congreso, Tesh Sidi, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que solicita explicaciones detalladas sobre la denegación generalizada del asilo a cerca de 30 activistas saharauis retenidos en el aeropuerto, sin que se hayan valorado individualmente sus casos. Sidi también ha denunciado las «condiciones insalubres» en las que se encuentran estos solicitantes de protección internacional.
LA NEGATIVA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA RESPUESTA DE SUMAR
El Ministerio del Interior, encabezado por Grande-Marlaska, ha anunciado que procederá a la deportación de los solicitantes de asilo en el aeropuerto de Madrid que afirman ser saharauis perseguidos, si la ley no les ampara y así queda ratificado judicialmente. Según el ministro, el Gobierno se atendrá al «cumplimiento de la legalidad nacional e internacional, como en todo momento y siempre avalada por los órganos judiciales.
Sin embargo, desde Sumar, el portavoz de la formación en el Congreso, Íñigo Errejón, ha reclamado al Ministerio del Interior que rectifique esta decisión, afirmando que las peticiones de asilo de los ciudadanos saharauis en España deben ser «atendidas de urgencia». Errejón ha subrayado que los «riesgos de su regreso a Marruecos son suficientemente graves» para que reciban protección internacional por parte de nuestro país, y ha denunciado que esta medida se ha tomado «sin acuerdo por nuestra parte«.
LAS DENUNCIAS DE LAS CONDICIONES DE LOS SOLICITANTES DE ASILO
Más allá de la disputa política, la diputada de Sumar, Tesh Sidi, ha dado voz a casos individuales de solicitantes de asilo saharauis retenidos en el aeropuerto de Madrid que evidencian la gravedad de la situación. Entre ellos, destaca el caso de Ali Hammou, un activista sordomudo en tratamiento por cáncer, el de la familia de Mohamed Ali Slimani, que huía de la represión en el Sáhara Occidental, o el de Mohamed Bachir, cuya solicitud fue rechazada tras asignarle un intérprete marroquí que no hablaba el dialecto adecuado.
Ante este panorama, Sidi ha exigido al Gobierno que explique por qué se ha denegado de manera generalizada el asilo a estos activistas, sin valorar individualmente sus casos, y ha reclamado que se estudien las solicitudes caso por caso, denunciando además las «condiciones insalubres» en las que se encuentran retenidos en el aeropuerto.
La respuesta del Gobierno y la evolución de este conflicto político y humanitario será determinante para evaluar la coherencia de las políticas de protección internacional de España y su compromiso con los derechos humanos.
