El Gobierno de Canarias ha acordado enviar un requerimiento al Gobierno central, advirtiendo sobre una «acumulación de incumplimientos» en la gestión y atención de los menores migrantes no acompañados que llegan al archipiélago. Esta decisión se basa en un informe jurídico de marzo de 2022, elaborado durante el mandato del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el que se señalaba que la competencia sobre estos menores era un asunto que debía «dirimir».
Responsabilidades Compartidas entre Gobierno Central y Autonómico
Según el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, el Gobierno central no está contemplando «todos los aspectos legales» que le corresponden en esta materia. Canarias entiende que mientras los menores no sean documentados, deben ser responsabilidad del Estado, pues la «primera guardia y custodia» es de los operarios de Salvamento Marítimo hasta que son trasladados a los centros de acogida.
En este sentido, el Gobierno canario ha presentado recursos ante las resoluciones de la Fiscalía de este fin de semana, en las que se daban órdenes para acoger a los menores en centros cuyas capacidades están «ampliamente sobrepasadas. Cabello ha señalado que, a pesar de ello, todos los menores que llegan a las islas están siendo atendidos «sin ninguna duda».
Búsqueda de Soluciones y Mejora de Condiciones de Acogida
El portavoz del Gobierno canario ha subrayado que el objetivo del protocolo de menores, suspendido de forma cautelar por el TSJC, era «clarificar» la acogida de estos menores, y no «poner palos en la rueda a ninguna administración pública». Según Cabello, el simple hecho de esta discusión ha hecho que las condiciones en las que se reciben a los menores hayan mejorado, pues en algunas ocasiones no se remitía fotografía o venían menores con el mismo nombre repetido.
Asimismo, Cabello ha criticado la «crispación política» en torno a este tema, señalando que es necesario «alejar» de ella y centrarse en la «solución del problema», como la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Además, ha reprochado al Gobierno central que no pone «ni un euro» para la atención de los menores, cuando la Unión Europea ha anunciado una línea especial de 14 millones de euros para asistir a Canarias.
En resumen, el Gobierno de Canarias ha decidido enviar un requerimiento al Gobierno central para que asuma sus responsabilidades en la gestión y atención de los menores migrantes no acompañados que llegan al archipiélago, buscando soluciones conjuntas y mejorando las condiciones de acogida, más allá de la «crispación política» que, según el portavoz, se ha generado en torno a este tema.
