La cesión de la Seguridad Social a Euskadi tropieza con obstáculos, pero el Gobierno confía en cumplir los plazos

El Gobierno español ha reconocido que el traspaso de las competencias sobre la Seguridad Social a Euskadi, previsto para el año 2025, conlleva pasos y dificultades, aunque esperan cumplir con los plazos acordados con el Gobierno vasco. Esta declaración proviene de fuentes gubernamentales después de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, la primera de una serie de contactos con los presidentes autonómicos.

Tras el encuentro de más de una hora, Pradales afirmó haber presentado a Sánchez un calendario «realista» que incluía una serie de traspasos, como la gestión y ordenación del litoral, a realizarse antes de finalizar el 2024. Posteriormente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresó la voluntad del Gobierno Central de cumplir con los plazos establecidos, que fueron fijados en noviembre de 2023 en el pacto de investidura entre el PSOE y el PNV.

EL COMPROMISO DEL GOBIERNO CENTRAL CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

Torres señaló que Sánchez manifestó su «compromiso» de que a finales de octubre se lleve a cabo la comisión bilateral para seguir avanzando en competencias como las de salvamento marítimo, ordenación y gestión del litoral, entre otras. El ministro reconoció que estas cuestiones requieren informes técnicos y jurídicos de los ministerios involucrados, lo que les confiere «sus singularidades», pero reiteró la voluntad de ambos gobiernos de cumplir los plazos establecidos.

Además, Torres defendió que hasta el momento han cumplido con los plazos acordados y recordó que esta primavera, entre marzo y abril, se concretaron tres nuevos traspasos: la gestión de ferrocarriles de Cercanías, los procesos de acogida en inmigración y la homologación de títulos extranjeros.

LOS DESAFÍOS Y LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE TRASPASO

A pesar de la voluntad del Gobierno Central de cumplir con los plazos, el proceso de traspaso de competencias a Euskadi no está exento de desafíos y complejidades. La transferencia de la Seguridad Social, en particular, requiere de informes técnicos y jurídicos exhaustivos, lo que implica un proceso minucioso y con sus propias singularidades.

Estos informes, elaborados por los diversos ministerios involucrados, tienen como objetivo garantizar la viabilidad y el correcto funcionamiento del sistema de Seguridad Social en la Comunidad Autónoma. Dicha tarea demanda tiempo y coordinación entre las diferentes instituciones, lo que puede generar retrasos o dificultades en el cumplimiento de los plazos establecidos.

Asimismo, el traspaso de competencias en ámbitos como el salvamento marítimo, la ordenación y gestión del litoral, entre otros, también conllevan sus propios retos. Estos pueden estar relacionados con la necesidad de armonizar marcos normativos, definir responsabilidades y garantizar la eficiente prestación de servicios a la ciudadanía.

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN Y EL DIÁLOGO ENTRE GOBIERNOS

En este contexto, la cooperación y el diálogo entre el Gobierno Central y el Gobierno Vasco adquieren una relevancia crucial. Ambas partes han manifestado su compromiso de cumplir con los plazos acordados, lo que refleja una voluntad política de avanzar en el proceso de descentralización y de transferir competencias a la Comunidad Autónoma.

La celebración de la comisión bilateral prevista para finales de octubre se erige como un hito fundamental en este camino. En esta instancia, los gobiernos podrán abordar los desafíos específicos de cada competencia a traspasar, trabajar en la resolución de los informes técnicos y jurídicos pendientes, y definir los pasos a seguir para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

La transparencia, la comunicación efectiva y el trabajo conjunto entre ambos niveles de gobierno serán esenciales para superar los obstáculos y avanzar de manera coordinada en el traspaso de competencias a Euskadi. Sólo a través de este esfuerzo conjunto y de una visión estratégica compartida, será posible consolidar un modelo de descentralización que responda a las necesidades y aspiraciones de la Comunidad Autónoma.