El exministro de Industria Miguel Sebastián ha presentado una fuerte acusación ante la Audiencia Nacional, solicitando penas de prisión para varios exdirectivos y colaboradores del banco BBVA, tras la investigación de los presuntos encargos ilegales que habrían sido encomendados al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En su escrito, Sebastián ha pedido 18 años de cárcel para el expresidente de BBVA, Francisco González, y 20 años de prisión para el comisario Villarejo. Además, ha solicitado sentencias condenatorias para otros altos cargos de la entidad, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, el socio de Villarejo Rafael Redondo y el exCEO Ángel Cano. Asimismo, ha pedido que BBVA sea condenado como responsable civil subsidiario, con una multa de 260.000 euros.
La Responsabilidad de BBVA en los Delitos Cometidos
Sebastián considera que la conducta delictiva fue realizada por los altos directivos del banco, quienes «ostentaban los cargos de presidente, director de Recursos Humanos y jefe de Seguridad». Según el exministro, el BBVA asumió con naturalidad la contratación ilegal de Villarejo, lo que evidencia que la entidad no tuvo compromiso alguno para evitar el delito o cumplir con sus propias normas internas, a pesar de las responsabilidades que pudieran derivarse.
De hecho, Sebastián afirma que el banco «nunca se preocupó por averiguar la condición de policía en activo de Villarejo ni su compatibilidad para ejercer una actividad privada absolutamente incompatible con la función policial». Esta falta de diligencia por parte de BBVA ha sido clave en la acusación presentada.
La Intervención de Comunicaciones y el Uso Indebido de Villarejo
Por su parte, Carlos Arenillas, quien fuera vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV), también ha solicitado penas de prisión para varios de los implicados. En su caso, pide 10 años de cárcel para González, Corrochano y Peña por delitos de cohecho activo y revelación de secretos, y 13 años para Villarejo y 10 años para Redondo por los mismos delitos.
Arenillas considera que el BBVA «contrató a un policía en activo para que interviniese las comunicaciones de varios ciudadanos», lo cual fue «exactamente lo que hizo Villarejo y lo hizo porque el banco, expresamente, lo exigió». Según su escrito de acusación, durante más de 12 años, el BBVA «tuvo a su disposición a un policía en activo para espiar impunemente a deudores, competidores, periodistas, empresarios, abogados, políticos y, en general, cualquier ciudadano que, en ese momento, fuese de su interés».
Solicitudes de Penas Aún Más Severas
Por otro lado, el abogado Ángel María Garay ha solicitado penas aún más severas para los implicados. En su escrito, Garay pide 23 años de cárcel para el expresidente González, Corrochano y Cano, por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
Además, Garay solicita 14 años de prisión para Villarejo y Redondo, y 20 años para el exjefe de Control Interno de BBVA, Eduardo Arbizu, y el actual responsable de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega. Asimismo, pide 12 años de cárcel para el excomisario general de la policía judicial José Santiago Sánchez Aparicio y el exjefe de la UDEF Manuel Vázquez.
Garay alerta que la «deriva» que inició el BBVA «hacia el uso de medios ilegales para conseguir sus objetivos» se inició cuando González consiguió «desembarazarse, con oscuras y espurias maniobras, de los altos directivos, altamente cualificados en el sector bancario». Fue entonces, según el abogado, cuando la entidad y CENYT, la empresa de Villarejo, plasmaron una serie de «acuerdos delictivos».
En resumen, la Audiencia Nacional se enfrenta a una compleja trama de acusaciones y solicitudes de penas de prisión que involucran a altos cargos de BBVA y a sus colaboradores, en un escándalo que pone en tela de juicio la ética y las prácticas de uno de los principales bancos de España.
