En una escabrosa trama que ha conmocionado a la ciudad de Sevilla, la Audiencia Provincial tiene previsto iniciar este viernes un juicio con jurado popular contra Alfredo G.C., un ciudadano boliviano acusado de asesinar a su pareja sentimental en una vivienda de la capital andaluza. La Fiscalía reclama para él una condena de 29 años de cárcel por este terrible suceso.
El caso ha generado un gran impacto en la opinión pública sevillana, dada la brutalidad de los hechos y las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron. Según la acusación del Ministerio Público, el acusado, de 50 años, mantenía una relación intermitente con la víctima, también de nacionalidad boliviana, desde el año 2010. La pareja compartía una habitación alquilada en la ciudad, mientras que la fallecida trabajaba como empleada doméstica en régimen de interna.
La Historia Previa de Violencia Doméstica
El Ministerio Fiscal relata que, en agosto de 2020, el acusado llegó al domicilio que compartían y, tras solicitarle dinero a la víctima, la increpó cuando ella se negó a dárselo. En aquella ocasión, el investigado persiguió a la mujer hasta un locutorio público, donde le propinó dos bofetadas en la cara. Por estos hechos, Alfredo G.C. fue condenado a 16 meses de prohibición de comunicación y aproximación a la víctima por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.
El Macabro Asesinato y el Ocultamiento del Cadáver
Según la acusación, después de cumplir esta pena, la pareja reanudó su relación sentimental en febrero de 2022, cuando la víctima dejó de trabajar como interna y comenzó a prestar servicios domésticos por horas. En este contexto, el acusado habría asesinado a su pareja el 24 de abril de 2022, en el domicilio que compartían, asfixiándola hasta la muerte cuando ella se encontraba ebria e indefensa.
Tras el crimen, el investigado habría ocultado el cadáver de su pareja, empaquetándolo y arrojándolo en la orilla del río Guadalquivir, donde permaneció hasta su descubrimiento el 21 de junio de 2022. Además, el acusado habría sustraído 8.140 euros de la cuenta bancaria de la víctima, de la que tenía conocimiento del PIN.
La Fiscalía considera que el acusado actuó movido por los celos y el ánimo de lucro, aprovechándose de la situación de indefensión de su pareja. Por estos hechos, el Ministerio Público reclama para Alfredo G.C. una condena de 29 años de prisión por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de género, tres años de cárcel por un delito continuado de estafa y un año de prisión por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer.