La Exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido protagonista de un importante desarrollo en la investigación judicial sobre los presuntos secuestros perpetrados por el régimen de Guinea Ecuatorial. Carmena, quien se desempeñó como relatora del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, elaboró un informe detallado sobre la práctica sistemática de secuestros en el país africano. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional ha frenado su declaración como testigo experto en este caso.
La Investigación del Juez Pedraz
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, investiga a Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang, por el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R). Pedraz citó a Carmena para que testificara sobre el informe que elaboró durante su etapa como relatora de la ONU, pero finalmente ha decidido no celebrar dicha declaración.
Según las fuentes jurídicas, Carmena ha explicado que no conoce de forma directa los secuestros que se investigan en esta causa. A pesar de ello, el documento que Carmena elaboró durante su labor en la ONU hace referencia a la «práctica de las detenciones secretas» en Guinea Ecuatorial, instando al país a adoptar medidas para ponerle fin.
Los Hechos Investigados
Los hechos investigados por el juez Pedraz habrían ocurrido en un viaje de Madrid a Yuba, donde los cuatro miembros del MLGE3R fueron secuestrados el 15 de noviembre de 2019 después de una falsa invitación de un amigo para viajar a Sudán del Sur. Según la querella, fueron trasladados clandestinamente en un avión oficial del régimen de Guinea Ecuatorial y encerrados en un centro de detención en Oveng Asem, donde habrían sido torturados y obligados a pedir perdón al líder del régimen.
Carmelo Ovono Obiang y Obama Nchama, dos de los investigados, habrían estado presentes tanto en el avión oficial en el que se ejecutó el secuestro como dirigiendo «algunas de las sesiones de torturas» en el centro penitenciario. Además, se indica que ambos residirían en España y se podrían encontrar en territorio nacional.
La denuncia también involucra a dos nacionales españoles, Efa Mangue y Obama Mefuman (ya fallecido), a quienes se les habría imputado una presunta participación en un golpe de Estado contra el Gobierno ecuatoguineano, por lo que habrían sido condenados en un juicio militar a penas de 90 y 70 años de prisión, respectivamente.
