La delegación española llevará el lunes a Bruselas su preocupación por los recortes en las cuotas de anchoa que ha planteado la Comisión Europea en aguas atlánticas ibéricas para 2024 y 2025. Esta medida, que el Gobierno considera «drástica e injustificada», puede afectar a la pesca en el golfo de Cádiz y «no se ajusta a la base científica actual» para realizar las mediciones.
En su reunión del próximo lunes, 23 de septiembre, los ministros de Pesca de la UE debatirán la propuesta de la Comisión para actualizar las posibilidades de pesca para 2024 y 2025, con el fin de tener en cuenta los últimos dictámenes científicos. El elemento central de esta propuesta es el límite de capturas de anchoa en aguas ibéricas atlánticas.
La Comisión propone establecer una condición especial en virtud de la cual las capturas en la parte de la zona del TAC situada al sur de la línea que discurre en aguas atlánticas del suroeste de la Península Ibérica «no podrán superar las 969 toneladas», en base al dictamen del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM o ICES, por sus siglas en ingles) para la población que habita en esa zona. Además, se propone que ese TAC y esa condición especial se apliquen con carácter retroactivo a partir del 1 de julio de 2024.
Críticas a la División de la Población de Anchoa
Lo que critica España es que el dictamen divida en dos componentes diferentes la población de anchoa, cuando la base científica actualmente disponible señala que solo hay un stock en esas aguas. Además, se vale de ello para alegar que la zona sur se encuentra en peor estado para proponer medidas concretas.
La propuesta plantea tal reducción de cuotas que, de aprobarse, provocará un cierre de la pesquería «prácticamente inmediato» en el golfo de Cádiz y hará que la flota tenga que estar amarrada en puerto hasta junio de 2025, según han advertido fuentes diplomáticas.
En este sentido, lamentan que tampoco se hayan tenido en cuenta las consecuencias socioeconómicas y sociales de esa decisión y alegan una «falta de base legal suficiente», razón por la que la delegación española ha decidido incluir en el debate al resto de Estados miembro.
Acciones Emprendidas por España
Paralelamente, los eurodiputados de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo también han agendado un debate sobre esta problemática para su reunión del lunes. España, preocupada por las medidas drásticas e injustificadas propuestas por la Comisión Europea, ha decidido llevar esta cuestión a Bruselas y buscar el apoyo del resto de Estados miembro en el Consejo de Ministros de Pesca.
La base científica actual y la falta de consideración de las consecuencias socioeconómicas y sociales son los principales argumentos esgrimidos por España para oponerse a estos recortes en las cuotas de anchoa. El objetivo es evitar el cierre prácticamente inmediato de la pesquería en el golfo de Cádiz, lo que tendría un impacto devastador para la región.
En resumen, España se enfrenta a una propuesta de la Comisión Europea que considera drástica e injustificada, y que podría tener graves repercusiones para el sector pesquero y las comunidades costeras. La delegación española ha decidido llevar este asunto al Consejo de Ministros de Pesca de la UE para buscar el apoyo de los demás Estados miembro y evitar estas medidas que, a su juicio, no se ajustan a la realidad científica ni a las necesidades socioeconómicas de la región.
