El Tribunal Supremo (TS) ha elevado la condena al ex presidente de la empresa de capital de riesgo Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, a 4 años y medio de prisión, por irregularidades detectadas en la sociedad correspondientes a los gastos de personal.
La Prevaricación y la Malversación
Inicialmente, la Audiencia de Sevilla había condenado a Pérez-Sauquillo a 2 años y 3 meses de cárcel por un delito continuado de malversación. Ahora, el Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de la Fiscalía y aprecia también el delito de prevaricación en concurso medial con el de malversación.
El TS expone que «no es solo la afectación de caudales públicos a observar a través del delito de malversación lo que le atribuye ese carácter, sino también el desprecio patente a la legalidad administrativa que determina la actuación de Pérez-Sauquillo». El máximo tribunal considera que el ex presidente de Invercaria «sorteó conscientemente todos los presupuestos de control que le afectaban como gestor público, desviándose de lo que reclama el interés general al que debe servir la Administración».
Por ello, el Supremo avala la concurrencia del delito de prevaricación, que «no agota la antijuridicidad del comportamiento desplegado» y concurrirá en relación de concurso medial con el de malversación.
La Atenuante de Dilaciones Indebidas
Además, el TS coincide con el fiscal en que «no se dan méritos para apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada«. Señala que «la demora y distorsión que en el funcionamiento ordinario de los tribunales provocan los macroprocesos es una realidad», pero que esto «no puede obviar su necesidad en determinadas situaciones que dificultan un abordaje diferenciado, ni la complejidad que los mismos condensan. Por lo tanto, reduce a simple el grado de la atenuante de dilaciones indebidas aplicada.
En consecuencia, el Tribunal Supremo revoca la condena inicial al ex presidente de Invercaria y le condena por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, imponiéndole 4 años y 6 meses de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta.
