En un giro inesperado y profundamente perturbador, las autoridades judiciales han anunciado el procesamiento de un exenfermero del prestigioso colegio Jesuïtes Casp de Barcelona, acusado de cometer dos presuntas agresiones sexuales a menores de edad bajo su cuidado. Este caso llega a la luz después de que se presentaran un total de 6 denuncias contra el individuo, de las cuales 4 ya han prescrito, mientras que las 2 restantes siguen adelante.
Las investigaciones revelan que las supuestas víctimas serían dos alumnas de 6 y 9 años, quienes sufrieron estos abusos hace más de 20 años, cuando el exenfermero prestaba sus servicios en el colegio. A pesar de las acusaciones, el procesado niega rotundamente los cargos en su contra y asegura haber seguido en todo momento los protocolos de seguridad establecidos por la institución.
La Respuesta de los Jesuïtes de Catalunya
Los Jesuïtes de Catalunya, como institución responsable del colegio Jesuïtes Casp, han declarado estar a disposición de la justicia y que colaborarán en todo lo que les sea requerido. Además, han reconocido que desde 1948 se han registrado un total de 145 denuncias por abusos sexuales a menores dentro de la institución, perpetrados por 29 religiosos y 15 laicos.
Este escándalo ha generado una profunda conmoción en la comunidad educativa y en la sociedad en general, ya que pone en tela de juicio la seguridad y confianza que se debe depositar en los centros educativos, especialmente en aquellos de prestigio y larga trayectoria como el Jesuïtes Casp.
Llamado a la Transparencia y Rendición de Cuentas
Ante este grave evento, surge la imperiosa necesidad de que las instituciones religiosas y educativas involucradas asuman plena responsabilidad y rindan cuentas de manera transparente a la sociedad. Además, se hace imperativo fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción de cualquier tipo de abuso o agresión a menores, con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes.
La comunidad educativa y la ciudadanía en general exigen justicia y reparación para las víctimas, así como medidas contundentes para evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir. Solo a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la adopción de políticas efectivas se podrá recuperar la confianza en el sistema educativo y asegurar un entorno seguro y protector para nuestros niños y jóvenes.
