La dimisión del concejal de Servicios Municipales en Ribadavia, Juan Carlos Fernández, ha sido anunciada por la dirección provincial del Partido Popular (PP) de Ourense. Fernández, quien formaba parte del gobierno local, presentó un escrito en el registro municipal renunciando a sus cargos y a su acta de edil.
Este paso se produce después de trascender que el concejal habría sido detenido en la madrugada del pasado lunes a raíz de una denuncia de su pareja. Según la información recabada, Fernández pasó a disposición judicial el martes, quedando en libertad e investigado por un supuesto delito de violencia machista. Además, se le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros y de comunicarse con la denunciante.
Decisión para «No Dañar la Imagen» del Ayuntamiento
Ante esta coyuntura, el PP provincial ha trasladado que Juan Carlos Fernández ha decidido renunciar a su acta, notificando previamente al alcalde, el también popular César Fernández, quien dirige el Consistorio con una mayoría sustentada en siete de 12 concejales.
La formación política asegura que el hasta ahora concejal entiende que se trata de «la mejor decisión para no dañar la imagen del ayuntamiento y del propio gobierno municipal, dada la situación judicial en la que se encuentra. Por los mismos motivos, el PP provincial de Ourense informa de que Fernández presentará su solicitud de baja en el Partido Popular, afirmando que «desea tener toda la libertad necesaria para afrontar esta situación y demostrar su inocencia, con la máxima colaboración con la justicia».
Implicaciones y Próximos Pasos
La renuncia del concejal de Servicios Municipales supone un duro golpe para el gobierno local de Ribadavia, liderado por el Partido Popular. La salida de Fernández de sus cargos, así como su posible expulsión del partido, dejan entrever las serias consecuencias que pueden derivarse de las acusaciones de violencia de género.
Ahora, el Ayuntamiento de Ribadavia deberá hacer frente a esta situación, reorganizando sus filas y asumiendo los desafíos que surjan a raíz de la marcha del ex concejal. Será fundamental mantener la gobernabilidad y la estabilidad del gobierno municipal, así como garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el proceso.
Más allá de las implicaciones políticas, el caso de Juan Carlos Fernández también plantea importantes cuestiones éticas y sociales. La lucha contra la violencia de género continúa siendo una prioridad en la agenda pública, y este tipo de incidentes ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, denuncia y protección de las víctimas.
