En los últimos años, la ciudad de Valencia se ha enfrentado a un desafío creciente en torno a la situación de las personas migrantes y refugiadas que residen en la ciudad. La Comissió d’Ajuda al Refugiat en València (CEAR) ha denunciado los importantes obstáculos que estas personas encuentran para acceder al padrón municipal, lo cual les impide ejercer otros derechos básicos.
El Síndic de Greuges, a raíz de las quejas presentadas por diversas organizaciones sociales, ha acordado iniciar una investigación sobre esta problemática. El registro en el padrón municipal es fundamental, ya que afecta de manera particular a quienes se encuentran en situación de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad, pues es necesario para acceder a servicios básicos como sanidad, educación, vivienda pública, dependencia, inserción o formación laboral.
Los obstáculos para el empadronamiento
Una de las principales barreras que enfrentan las personas migrantes y refugiadas es que, a pesar de que la Ley 4/1996 establece la obligación de toda persona que viva en España de inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente, deben superar importantes obstáculos para cumplir con este deber, el cual también se reivindica como un derecho.
Algunos de estos obstáculos incluyen la solicitud del pasaporte en vigor, aspecto no contemplado normativamente; la exigencia del certificado de nacimiento del país de origen apostillado y el documento de patria potestad del progenitor y progenitora, especialmente en familias monomarentales; y, en ocasiones, la autorización del/la propietario cuando el empadronamiento lo realiza el titular del contrato de arrendamiento de la vivienda.
Además, el Ayuntamiento de Valencia ha establecido un procedimiento especial de empadronamiento para los casos que no cumplen con todos los requisitos exigidos en relación a la vivienda y que se encuentran en situación de exclusión social. Sin embargo, este procedimiento se está demorando entre «seis meses a un año» y debería resolverse en «un máximo de tres», lo cual resulta contraproducente, ya que se ha tenido conocimiento de personas que han sido desalojadas del lugar donde residen tras la visita de la Policía Local.
El impacto de la falta de empadronamiento
La falta de empadronamiento tiene graves consecuencias para las personas migrantes y refugiadas, ya que el padrón es «imprescindible» y en muchos casos facilita el acceso a derechos básicos y fundamentales. Entre estos derechos se encuentran la regularización de la situación administrativa a través del arraigo, la tramitación y renovación de la tarjeta sanitaria, el acceso a los servicios públicos de formación y empleo, la escolarización de los menores en centros educativos y el acceso a prestaciones sociales como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Valenciana de inclusión.
Asimismo, CEAR denuncia que la necesidad del padrón está siendo objeto de negocio en la ciudad, y las personas migrantes «se ven obligadas a pagar para poder empadronarse». Otra de las dificultades identificadas es la pérdida del empadronamiento, ya que la inscripción en el Padrón Municipal de las personas extranjeras no comunitarias está sujeta a renovación periódica cada dos años, y «muchas personas han sido dadas de baja en el padrón sin previa notificación, afectando gravemente en su proceso inclusión».
En resumen, la lucha de las personas migrantes y refugiadas por el empadronamiento en Valencia se enfrenta a múltiples obstáculos que limitan su acceso a derechos básicos y fundamentales. La denuncia de CEAR y la investigación del Síndic de Greuges ponen de manifiesto la necesidad de abordar esta problemática de manera integral y garantizar el acceso al padrón municipal como una herramienta clave para la inclusión y el ejercicio de los derechos de esta población.
